Pienso en qué (no) se piensa al decidir
avasallar derechos humanos en un hospital, enviando Infantería a disparar y
gasear usuarios de salud mental. Pienso en qué (no) se piensa al suministrar
violencia a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Finalmente pienso
en que
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional hizo lugar a nuestro pedido y le ordenó al jefe de Gobierno,
Mauricio Macri, y a su ministra de Salud, Graciela Reybaud, que adopten “las
medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad psicofísica y la
seguridad de las personas internadas en el hospital Borda” y, a la vez, también
le ordenó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que debe “evitar
reiterar por parte de la Policía Metropolitana un accionar similar al
acontecido el 26 de abril”. Estas intimaciones de la Justicia penal tienen
efecto además hacia el futuro, pues constituyen garantías de no repetición, según
estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A la vez, otras acciones continúan
desarrollándose ante los juzgados civiles, que tienen a su cargo el control de
las internaciones involuntarias, y ante los juzgados penales, en los que la
Defensoría ya ha presentado dos denuncias por usuarios heridos. Uno de nuestros
defendidos, víctima de 21 balazos de goma, refleja la vulneración de los
vulnerables, la ausencia de las políticas de salud mental de la CABA y la
contradicción en el ahínco que se ejerce en defender bienes materiales por
sobre dignidades y vidas.
La movilización en repudio de la represión
y las acciones judiciales interpuestas para paliar los terribles efectos que
dicha situación ha provocado –y seguirá provocando en la salud mental de los
afectados directos– no debe hacernos perder de vista que debemos, una vez más, reclamar
el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (y su
reglamentación urgente) y la ley local 448, en el ámbito de esta Ciudad y, para
ello, deben ejecutarse las políticas públicas necesarias para avanzar
sostenidamente en la desmanicomialización. Este es el límite que debemos
sostener frente a reacciones violentas y, al mismo tiempo, el piso que debemos
defender todos los actores para que se materialicen derechos que ya son ley.
Según el análisis relevado por la Comisión
de Salud Mental de la Legislatura, el presupuesto del área se dedicó, en 2012,
en un 88 por ciento a sostener las grandes instituciones manicomiales y sólo el
12 a financiar dispositivos comunitarios que propendan a la reintegración social.
Esto, a todas luces, contradice los principios de la salud mental comunitaria,
que obliga al Estado a no profundizar la segregación de las personas en centros
de encierro y a revertir la histórica discriminación.
En este año, cuando se desarrolla la
Campaña Nacional contra la Tortura, impulsada por la DGN, debe servirnos como
alerta lo dictaminado recientemente por el relator de Naciones Unidas contra la
Tortura, que acaba de exhortar a todos los Estados a “sustituir el tratamiento
y el internamiento forzosos por servicios en la comunidad (...) haciendo hincapié
en otras opciones distintas al modelo médico de salud mental”.
Prueba de que la cultura manicomial sigue
vigente es que la Unidad de Letrados ha debido intervenir, hasta este momento,
en más de 3900 defensas de personas internadas involuntariamente, a razón de
casi 200 nuevas internaciones por mes. Afortunadamente, de ese total, y con
muchísimo esfuerzo dada la ausencia local de alternativas, más del 70 por
ciento ha sido externado, derivado a dispositivos comunitarios menos
restrictivos o aceptado la internación voluntariamente.
Depende de todos que la voz de los usuarios
sea escuchada y se traduzca en la sanción de los responsables y, al mismo
tiempo, que este consenso alcanzado nos interpele a exigir, con la misma
convicción, la implementación de políticas públicas concretas que permitan a
los usuarios de salud mental salir del abandono y transformarse en sujetos de
derechos que vivan y cuiden su salud integrados en la comunidad. Nunca hay
razones atendibles para ejercer la discriminación, la exclusión y la
perpetuación del estigma. Nunca más.
* Abogado, coordinador de la Unidad de
Letrados art. 22, ley 26.657, de la Defensoría General de la Nación.
Quien suscribe Dr Enrique Capella tiene el agrado de dirigirse a Uds con el fin de invitarlos a ver el proceso de desmanicomializacion realizado en el viejo hospital psiquiatrico de San Luis hoy en el orgullo de Hospital Escuela de Salud Mental, este año cumplimos 20 años!!! de este proceso que ha sido silenciado pero que sigue adelante trabajando por la Salud Mental del Pueblo totalmente gratuito, con Grupos Terapeuticos Institucionales, que funcionan dentro del Hospital, internacion de 5 dias, y mil cosas mas...los invito a vistarnos y veran una realidad...no palabras, los saludos atte.
ResponderEliminarDr. Enrique Capella