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Biblioteca

La Fundación Eva Perón y las Asistentes Sociales

* Por Norberto Alayón

En 1977 entrevisté a Ramón Antonio Cereijo, en el marco de la investigación que estaba realizando acerca de los antecedentes del Trabajo Social argentino, la cual dio origen al libro “Historia del Trabajo Social en Argentina” publicado originalmente en Lima, Perú en 1978 y su última y quinta edición en 2007 por la editorial Espacio de Buenos Aires.
Cereijo fue un economista porteño, nacido en 1913 y fallecido en 2003, ministro de Hacienda del presidente Juan Domingo Perón desde 1946 hasta 1952, y administrador y apoderado de la Fundación Eva Perón. Fue, a la vez, un hincha fanático del club Racing de Avellaneda (recuerdo su estudio profesional con paredes recargadas de escudos, cuadros, fotografías de jugadores, del “club de sus amores”). También, por supuesto, fue peronista.
En esa ocasión, generosamente me facilitó diversos materiales que pude fotocopiar sobre la Fundación. Uno de esos documentos era copia de un informe que contenía la transcripción de una entrevista grabada que le había realizado el historiador Leandro Gutiérrez, el 13 de julio de 1972. Dicha entrevista se llevó a cabo dentro del Proyecto de Historia Oral que el Instituto Torcuato Di Tella desarrollaba conjuntamente con la Universidad de Columbia.
En la documentación encontré una reveladora referencia sobre la participación de los agentes de la acción social de esa época, en las actividades que desplegaba la Fundación. Mencionaba Cereijo que “una de las iniciativas más importantes de la Fundación fue la de gestionar ante los Poderes Públicos las pensiones a la vejez, las que se mantienen hasta el día de hoy” (se refería a 1972). Y agregaba: “Estas pensiones se acordaron a las personas de más de 60 años y que por supuesto no se encontraran amparadas por regímenes de previsión o que tuvieren recursos propios. La Fundación, por medio de su personal de visitadoras, fue la encargada de asesorar al Ministerio de Hacienda de la Nación sobre el otorgamiento de esos beneficios”.



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Los Trabajadores Sociales: ¿cómo nos llamamos?

por Norberto Alayón
Lic. en Trabajo Social. Profesor de la Carrera de Trabajo Social de la UBA.

El título que reciben los agentes de una determinada profesión no expresa todo acerca de su quehacer y significado, pero la adopción de una u otra denominación es igualmente indicativa de ciertas orientaciones, tendencias y posicionamientos acerca de su labor, funciones y objeto. Las denominaciones no idénticas para una misma profesión, como se registra en el campo del Trabajo Social, dan cuenta de un proceso histórico interesante de revisiones y redefiniciones que se fueron produciendo a partir del cuestionamiento de sus prácticas en el abordaje de la cuestión social.
¿Cómo nos denominamos quienes representamos a esta profesión? La profesión es ¿Servicio Social o Trabajo Social?  Sus agentes son ¿asistentes sociales o trabajadores sociales?  O bien: ¿asistentes sociales y trabajadores sociales son lo mismo y cumplen las mismas funciones en los diferentes ámbitos institucionales?
Tradicionalmente, en Argentina, las carreras o escuelas de Asistencia Social formaron a los asistentes sociales. Más tarde las escuelas o institutos de Servicio Social titularon trabajadores sociales, pero también asistentes sociales. Los centros académicos universitarios, públicos y privados, formaron asistentes sociales y trabajadores sociales; y también licenciados en Servicio Social y licenciados en Trabajo Social y doctores en Servicio Social y, más recientemente, en Trabajo Social.
Los centros de formación que adoptaron el nombre de Asistencia Social, graduaron -en correlato con su denominación- a asistentes sociales, pero no a trabajadores sociales. Los centros que impulsaron el nombre de Servicio Social no graduaron a servidores sociales, pero sí, indistintamente, a asistentes sociales y a trabajadores sociales. Los centros que asumieron la denominación de Trabajo Social graduaron exclusivamente a trabajadores sociales.
Actualmente, en la gran mayoría de las universidades públicas se ha adoptado el término Trabajo Social para denominar la carrera. No obstante, por ejemplo, hay casos como el de la Universidad Nacional del Comahue, en donde en sus dos sedes (General Roca, Río Negro y Neuquén) se cursa la Licenciatura en Servicio Social, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. O en la Universidad Nacional de Mar del Plata donde también se cursa una Licenciatura en Servicio Social, con la particularidad además de que dicha licenciatura depende de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social.
Por su parte, universidades privadas como la del Museo Social Argentino, del Salvador, John F. Kennedy, Morón, mantienen la denominación de Servicio Social, al igual que otras carreras de carácter terciario que dependen de obispados y ministerios provinciales.
En el espacio de la formación profesional, además de esta diversidad de denominaciones y títulos, se registran distintas estructuras académicas (Carreras, Departamentos, Institutos, Facultades) y también variadas dependencias funcionales (de universidades, ministerios, obispados). Particularmente en las instituciones de carácter público, la denominación de Trabajo Social y trabajador social ha venido ganando preponderancia en relación a la de Servicio Social y a la de asistente social.
Asimismo, cabe mencionar que existe una Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), aunque no todos los centros de formación integran esta Federación de carácter nacional.
En cuanto a las organizaciones de carácter gremial, observamos que las denominaciones que asumen quienes integran la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), la cual adoptó para sí el término “Servicio Social”, expresan -a la vez- esta heterogeneidad.
En principio, resulta ilustrativo señalar que de las 24 organizaciones regionales que componen la FAAPSS se reconocen como Consejos: 5 (CABA, Formosa, La Pampa, La Rioja y Santa Cruz); como Asociación: una (Mendoza); y las 18 restantes como Colegios.
Las denominaciones puntuales que adoptan dichas organizaciones son las siguientes:
Servicio Social o Trabajo Social: 4 (CABA, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán).
Servicio Social: 7 (Chaco, Córdoba, Jujuy, Misiones, Neuquén, San Juan y San Luis).
Trabajo Social: 4 (Chubut, Santa Cruz, Santa Fe-2ª Circunscripción y Santiago del Estero).
Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales: 1 (Provincia de Buenos Aires).
Asistentes Sociales: 7 (Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe-1ª Circunscripción).
Trabajadores Sociales: 1 (Mendoza)
A esto debe agregarse el caso de la profesión en la provincia de Corrientes, donde en noviembre de 2012 se aprobó una ley que crea el Colegio de Trabajadores Sociales provincial. Podría añadirse también, seguramente entre otros tantos casos, la existencia en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires de la Agrupación de Profesionales en Trabajo Social de Lincoln (APTSOL).
De vieja data (de la década de los 60 del siglo pasado) es la tensión y disputa por la denominación que debía asumir esta profesión y sus profesionales. El tiempo y una mayor y mejor objetivación de cierta esterilidad que generaban estas divergencias sobre aspectos tal vez secundarios, fueron acercando las posiciones y licuando las diferencias formales.
No obstante, en esas épocas, detrás de las discrepancias y desacuerdos (por sobre la banalidad de algunas argumentaciones) existió un fuerte conflicto y debate por la función, los objetivos, los aspectos metodológicos, que habrían de caracterizar a la profesión según las diversas posiciones. Cabe destacar que, en la actualidad, han perdido vigencia las discusiones conceptuales por la pertinencia de unas u otras denominaciones, pero no la capacidad de autorreflexión y revisión de su práctica en el interior de la profesión.
Como anécdota personal, recuerdo que hacia 1966 o 1967 quise afiliarme al Colegio de Asistentes Sociales que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires, pero no fui admitido porque mi título era de trabajador social y dicha asociación sólo aceptada en su seno a los graduados con título de asistente social.
En abril-mayo de 1966, la Editorial ECRO de Buenos Aires publicó el número 7 de su revista “Hoy en el Servicio Social”. El editorial de dicha revista, firmado por el colega Alberto Dufour, se tituló “Asistentes y/o Trabajadores Sociales”, y en el mismo se despliegan diversas consideraciones y argumentaciones acerca de esta controversia que mantenían los profesionales de esa época. Dicha Revista, cuyo primer número data de diciembre 1964/enero 1965, mantuvo la denominación de Servicio Social hasta su número 19-20 de enero/marzo de 1971. A partir del número 21 (de julio de 1971) pasa a llamarse “Hoy en el Trabajo Social”, hasta el número 34 (el último), de diciembre de 1977.
Por su parte, la Editorial Hvmanitas también de Buenos Aires, publicó desde marzo de 1968 la revista “Selecciones del Social Work”, la cual pasó a denominarse “Selecciones de Servicio Social” a partir de su número 9, de marzo de 1970, manteniendo el mismo nombre hasta el número 36 (el último que se publicó), correspondiente al tercer cuatrimestre de 1978.
En el ámbito latinoamericano, en el año 1965 se fundó en Lima, Perú la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS), la cual en 1977 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana adoptó el término Trabajo Social y pasó a denominarse Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS). Finalmente, esta misma organización volvió a cambiar de nombre, en Santiago de Chile en el año 2006, transformándose en la actual Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS).   
En el espacio de las instituciones, suele predominar -aún hoy- la denominación de Servicio Social, por sobre la de Asistencia Social o Trabajo Social. En la invocación de la mayoría de la población, el nombre que prevalece es el de asistente social y no el de trabajador social. Inclusive todavía, en ocasiones, se hace referencia a este profesional como a “la Visitadora Social”. En los hospitales, en los tribunales, en las escuelas, en las municipalidades, existen -y como tal son claramente reconocidas e identificadas- la “oficina de Servicio Social”, o el “área de Servicio Social”, o directamente “el Servicio Social”. Son frecuentes las expresiones que se emplean en las instituciones, referidas -por ejemplo- a que “tiene que pasar primero por el Servicio Social”, o vaya a “la oficina de Servicio Social”.
En las normativas institucionales, en los llamados a concursos, en los formularios administrativos, con frecuencia se menciona la categoría “asistente social” y no “trabajador social”. Los profesionales de otras disciplinas, en particular los menos jóvenes, también suelen hacer referencia a la asistente social, aunque ello va tendiendo a ser modificado básicamente a partir de las nuevas generaciones.
Recientemente una alumna (Janina Nieto), de los primeros años de la Carrera de Trabajo Social de la UBA, me narró un episodio sumamente interesante. Conversando con una médica de un hospital de una Obra Social Sindical de la ciudad de Buenos Aires, ésta le pregunta qué estudiaba, y la alumna le contesta “Trabajo Social”. La médica le responde “asistente social” y Janina le vuelve a contestar “no, trabajadora social”,  ante lo cual la médica la mira con grandes ojos de asombro y le dice "en el hospital donde yo trabajo las trabajadoras sociales son las prostitutas, porque cuando a ellas se les pregunta de qué trabajan, dicen "somos trabajadoras sociales". Mi alumna entonces me comenta, con cierta perplejidad: “la verdad sólo pensé y respondí que tendremos que buscar otro nombre; con ese estamos complicados...”.
La diversidad de denominaciones, ¿conspira contra una adecuada identificación y reconocimiento de nuestra profesión y de nosotros mismos como profesionales? Por cierto, hay que admitir que no es común que una misma profesión y sus agentes específicos tengan dos nombres: asistente social y trabajador social; y Servicio Social y Trabajo Social.
Probablemente para entender mejor las características y funciones de esta profesión resultará útil reconocer que el Trabajo Social termina siendo -en definitiva- lo que los trabajadores sociales o asistentes sociales hacemos concretamente en nuestras prácticas. Será importante también reparar en cómo “nos ve y cómo nos caracteriza y define” la sociedad y en particular los sectores sociales con los cuales trabajamos directamente, cotejando a la vez con nuestra propia percepción acerca de lo que es o debería ser la profesión.
Aspiramos a que estas breves consideraciones, de carácter general, puedan conducirnos a revisitar los procesos de institucionalización de la profesión, las diversas denominaciones en el transcurso de su historia, cómo se nos ubica y reconoce socialmente, cómo nos posicionamos y definimos nosotros mismos, y tal vez -también- puedan contribuir a reflexionar sobre nuestra propia identidad y función, en esta segunda década del siglo XXI.


Lic. Norberto Alayón


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Sorteo de Libros de Junio

L@s colegas favorecid@s por el sorteo de libros del mes de Junio son:

*   Sandra Vergara, mat. 0234, de Santo Tomé. 
*   Marta Rivero, mat. 0343, de El Trébol.

Los sorteos de los libros se realizan según los dos primeros números de la Quiniela Nacional Nocturna del primer viernes de cada mes. Se toman en cuenta sólo los colegas matriculados con la cuota al día. En la sede del Colegio se encuentra a disposición un catálogo para la elección de los mismos. El plazo para retirar los libros es de 30 días, a partir de la fecha de sorteo, para los ganadores de la ciudad de Santa Fe y 60 días para l@s colegid@s del interior de la provincia.


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Es tiempo de desmanicomialización

Por Mariano Laufer Cabrera *

Pienso en qué (no) se piensa al decidir avasallar derechos humanos en un hospital, enviando Infantería a disparar y gasear usuarios de salud mental. Pienso en qué (no) se piensa al suministrar violencia a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Finalmente pienso en que
NO se piensa, sino que se arrasan vidas. Esto, no sólo con la perpetuación del sistema manicomial, sino ahora también con la acción directa contra los cuerpos. Desde la Unidad de Letrados art. 22, ley 26.657, que se creó en la Defensoría General de la Nación, por orden de la Dra. Stella Maris Martínez, y gracias a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, se intervino en los hechos desde el comienzo, asistiendo a nuestros defendidos, interponiendo un hábeas corpus colectivo preventivo y correctivo ante la Justicia penal, aún vigente, para cesar la intervención de la Metropolitana e impedir la reiteración de los hechos. Depende de todos que esto no quede impune y que la voz de los usuarios sea escuchada y se traduzca en el juicio y castigo a los (i)rresponsables. Nunca más.
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a nuestro pedido y le ordenó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su ministra de Salud, Graciela Reybaud, que adopten “las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad psicofísica y la seguridad de las personas internadas en el hospital Borda” y, a la vez, también le ordenó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que debe “evitar reiterar por parte de la Policía Metropolitana un accionar similar al acontecido el 26 de abril”. Estas intimaciones de la Justicia penal tienen efecto además hacia el futuro, pues constituyen garantías de no repetición, según estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A la vez, otras acciones continúan desarrollándose ante los juzgados civiles, que tienen a su cargo el control de las internaciones involuntarias, y ante los juzgados penales, en los que la Defensoría ya ha presentado dos denuncias por usuarios heridos. Uno de nuestros defendidos, víctima de 21 balazos de goma, refleja la vulneración de los vulnerables, la ausencia de las políticas de salud mental de la CABA y la contradicción en el ahínco que se ejerce en defender bienes materiales por sobre dignidades y vidas.
La movilización en repudio de la represión y las acciones judiciales interpuestas para paliar los terribles efectos que dicha situación ha provocado –y seguirá provocando en la salud mental de los afectados directos– no debe hacernos perder de vista que debemos, una vez más, reclamar el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (y su reglamentación urgente) y la ley local 448, en el ámbito de esta Ciudad y, para ello, deben ejecutarse las políticas públicas necesarias para avanzar sostenidamente en la desmanicomialización. Este es el límite que debemos sostener frente a reacciones violentas y, al mismo tiempo, el piso que debemos defender todos los actores para que se materialicen derechos que ya son ley.
Según el análisis relevado por la Comisión de Salud Mental de la Legislatura, el presupuesto del área se dedicó, en 2012, en un 88 por ciento a sostener las grandes instituciones manicomiales y sólo el 12 a financiar dispositivos comunitarios que propendan a la reintegración social. Esto, a todas luces, contradice los principios de la salud mental comunitaria, que obliga al Estado a no profundizar la segregación de las personas en centros de encierro y a revertir la histórica discriminación.
En este año, cuando se desarrolla la Campaña Nacional contra la Tortura, impulsada por la DGN, debe servirnos como alerta lo dictaminado recientemente por el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, que acaba de exhortar a todos los Estados a “sustituir el tratamiento y el internamiento forzosos por servicios en la comunidad (...) haciendo hincapié en otras opciones distintas al modelo médico de salud mental”.
Prueba de que la cultura manicomial sigue vigente es que la Unidad de Letrados ha debido intervenir, hasta este momento, en más de 3900 defensas de personas internadas involuntariamente, a razón de casi 200 nuevas internaciones por mes. Afortunadamente, de ese total, y con muchísimo esfuerzo dada la ausencia local de alternativas, más del 70 por ciento ha sido externado, derivado a dispositivos comunitarios menos restrictivos o aceptado la internación voluntariamente.
Depende de todos que la voz de los usuarios sea escuchada y se traduzca en la sanción de los responsables y, al mismo tiempo, que este consenso alcanzado nos interpele a exigir, con la misma convicción, la implementación de políticas públicas concretas que permitan a los usuarios de salud mental salir del abandono y transformarse en sujetos de derechos que vivan y cuiden su salud integrados en la comunidad. Nunca hay razones atendibles para ejercer la discriminación, la exclusión y la perpetuación del estigma. Nunca más.

* Abogado, coordinador de la Unidad de Letrados art. 22, ley 26.657, de la Defensoría General de la Nación.


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Sorteo de Libros

L@s colegas favorecid@s por el sorteo de libros del mes de Mayo son:
*   Griselda Mogentale, matrícula 0284, de Santa Fe.
*   Irene De Ponti, matrícula 0634, de Rafaela.
Los sorteos de los libros se realizan según los dos primeros números de la Quiniela Nacional Nocturna del primer viernes de cada mes. Se toman en cuenta sólo los colegas matriculados con la cuota al día. En la sede del Colegio se encuentra a disposición un catálogo para la elección de los mismos. El plazo para retirar los libros es de 30 días, a partir de la fecha de sorteo, para los ganadores de la ciudad de Santa Fe y 60 días para l@s colegid@s del interior de la provincia.


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Beneficios de Biblioteca

Estimad@s colegas:
Les recordamos que por estar al día con la cuota matricular el CPAS les brinda un doble beneficio: sorteo de dos libros por mes y un 20% de descuento en la venta de libros.


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Aportes sobre el rol del trabajador social en la problemática del alivio de la pobreza

Esta semana les presentamos los trabajos recibidos luego de la convocatoria anunciada por el CPAS para realizar aportes al documento encarado desde la FITS. Luego de evaluados estos aportes, se procederá a la confección de un escrito final que será remitido a la Federación Internacional de Trabajo Social.
Les recordamos que dicho documento viene recibiendo colaboraciones de todos los países que conforman la FITS, y el pronunciamiento final se realizará en Salvador Bahía (Brasil) en agosto del presente año.
Por último, el Directorio del Colegio desea expresar su profundo agradecimiento a l@s colegas que realizaron sus aportes.


Reproducción social, pobreza, vulnerabilidad y exclusión social: reflexiones teórico-metodológicas


Por Lic. Maricel Salera

Como se sabe, los modos de pensamiento remiten a múltiples definiciones respecto de a lo que se entiende como pensar. Epistemológicamente esto significa una apuesta político-teórica a la utilización de categorías que no son neutras, sino que funcionan como estructuras estructurantes, y que se
dan en procesos de anclajes históricos concretos, como  expresiones en tanto corte de la realidad en un momento determinado.
Por lo tanto, cuando se Hablan las categorías se hacen desde un posicionamiento que dice mucho más que lo categorial en sí mismo. Esta breve introducción, permite ubicarnos en que no es lo mismo hablar de pobreza que de exclusión, y por lo tanto en la consigna del trabajo ya se pre-supone que la exclusión como categoría ha permitido ampliar el horizonte político-teórico sobre el pensar la pobreza como una categoría que en sí misma, no permite dar cuenta de los procesos sociales que generan las situaciones de exclusión.
Se considera conveniente reemplazar la idea de pobreza por la de exclusión, para que esta última aporte a la reconfiguración de la primera en términos de relaciones sociales democráticas. Hablar de exclusión nos remite necesariamente a la cuestión del poder, es decir, que la exclusión implica fenómenos de dominación donde, por el tipo de relaciones económicas, políticas, culturales, sociales, se “excluye” a un sector de la población.
La exclusión como categoría alternativa y complejizadora de la noción de pobreza es central debido a que la primera hace referencia a la acumulación de desventajas. El sujeto excluido no es solo aquel que no participa directamente en la posesión y distribución de bienes sino que su propia posición social lo limita fuertemente en la participación de las disputas por la distribución del capital en sus diferentes formas (económicas, culturales, políticas).
La idea de exclusión permite analizar y complejizar la mirada de pobreza en términos de trayectorias históricas como sector en relación al ejercicio de los derechos, fundamentalmente los sociales, Por lo tanto, la exclusión abarca pero trasciende la noción de pobreza centrada en el ingreso, el gasto y el consumo para subrayar la dimensión política de la cuestión.
La exclusión no es un concepto estático, sino dinámico, implicando un interjuego complejo entre espacios de la vida política, económica, social y cultural. Así, “situaciones de inclusión parcial en una u otra esfera implican riesgo y vulnerabilidad. El estar excluido en una esfera no implica necesariamente el estarlo en las otras” (Minujin, A, 1988:175)
El aporte central que la categoría exclusión a aportado a los estudios de pobreza, significa no centrar la mirada en los aspectos vinculados a la posesión o no de bienes materiales, sino fundamentalmente la portación de capital social, cultural y simbólico que construye o no trayectorias de inclusión-exclusión.
Los estudios de pobreza están más centrados en la dimensión socio-económica promoviendo teorizaciones acotadas pero también modos de relación social en las que crecen los patronatos sociales. Esta mirada estática de la situación de los sujetos trabaja sobre las carencias y no las capacidades (en términos de Senn: “la pobreza en cambio, hace referencia a las capacidades, y más específicamente a las limitaciones o carencias de la “bolsa” de capacidades de los hogares” Saravi, G 24).
Desde una perspectiva socio-histórica, y ubicando el análisis de estas líneas en la realidad Latinoamericana, podemos afirmar que la categoría exclusión da cuenta y permite entender la complejidad y polifonía de las realidades sociales de este Continente. Si bien desde los primeros desarrollos teóricos la exclusión comenzó a Hablarse en Europa, vinculada al fin de la sociedad salarial, y como matriz que permitía entender y abordar la problemática de la integración (cuestión central de la Modernidad), tomado desde las realidades latinoamericanas nos permite poder poner en cuestión, ya sea en términos de ventajas o desventajas de los grupo vulnerables, las formas y mecanismos de integración que se construyeron en América Latina. La exclusión en este continente, es el resultado de una serie de desventajas en la relación individuo-sociedad, que no sólo incorpora la ubicación de los mismos en el mercado laboral, sino el lugar histórico que los mismos han tenido en los procesos políticos (con el corte en algunos períodos históricos), de la vieja contradicción civilización-barbarie. Esta contradicción fue construida desde no sólo lo económico, sino fundamentalmente lo cultural, lo simbólico y lo político.
Por último, y desde la especificidad de Trabajo Social, los aportes centrales que el concepto exclusión realizó a los estudios de pobreza, se entiende desde su “utilidad metodológica” en el diseño de las políticas públicas, y por ende, el desarrollo de estrategias de intervención para el abordaje de la cuestión social.
La idea de pensar en trayectorias sociales que al no ser atendidas pueden llevar (como tipo ideal) a la desafiliación, el trabajar desde la dimensión política de la problemática, como el no ejercicio de derechos que los ciudadanos portan desde su propia condición como tal, y por ende, no sólo poner la mirada en las carencias de aspectos materiales para la satisfacción de necesidades, ubica al concepto exclusión en una herramienta para el diseño de políticas, que trabaje desde la perspectiva de los sujetos no como carentes, sino desde su dimensión política, social, histórica, cultural.
La CEPAL, en su documento “Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe”, se pronuncia a favor de un contrato de cohesión social garantizado por el Estado, con políticas que superen el carácter circunstancial que rodea la idea de pobreza, más allá de las contingencias que los sujetos atraviesan.
Concluyendo, estas expresiones de la CEPAL (y el desarrollo antes planteado), son la síntesis de las tendencias que implican un reemplazo conceptual (exclusión por sobre pobreza), perspectiva epistemológica que significa un fuerte impacto en términos de aportes a la transformación de la vida cotidiana de los sujetos., ya que la exclusión introduce la cuestión del poder, aportando a procesos sociales de integración no desde un lugar de patronato social sino desde procesos emancipatorios, que den respuesta a cada realidad histórico-social de nuestro continente.

Lic. Maricel Salera


Bibliografía

·     Castel, Robert (2000) "Las trampas de la exclusión". En “Pobres, Pobreza y Exclusión Social” compilado y editado por Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET (CEIL).
·   Minujin, Alberto (1998) "Vulnerabilidad y exclusión en América Latina", en Eduardo Bustelo y Alberto Minujin (editores) Todos entran, propuesta para sociedades incluyentes. Unicef/Santillana.
·       Saraví, Gonzalo (2007) “Nuevas realidades y nuevos enfoques: exclusión social en América Latina”. En Saraví, Gonzalo (editor) De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina. CIESAS, México
·      Fabre, Miguel (2000) “Consideraciones en torno al concepto de exclusión social”. En Acciones e investigaciones sociales, Nº 11. Universidad de Zaragoza: Escuela Universitaria de Estudios Sociales.
·     Salama, Pierre y Bandine Destremau (2001) Medidas de la pobreza desmedida. LOM Editores, Santiago de Chile. Cap 4 Pobreza y Exclusión. Punto 3: La exclusión y el problema de los vínculos sociales.






Aportes al estudio de pobreza - exclusión

El término exclusión refiere a  una degradación de una situación con respecto a su estado anterior y su aplicación se asocia más profundamente a las consecuencias de la globalización y el neoliberalismo en los sistemas de bienestar y del mercado de trabajo. Sin embargo, se usa indiscriminadamente para designar situaciones diversas distorsionando su sentido. Una misma situación es concebida como exclusión en sí misma sin analizar la trayectoria histórica y social de su construcción. Por eso, es necesario dar autonomía a cada situación considerada injusta o que produce exclusión y analizar cuáles fueron los rasgos constitutivos y cuál fue su trayectoria. Esto implica no considerar la situación como un efecto residual y atemporal, pero sí histórica y  multidimensional.
La dimensión de la distribución - redistribuciones de bienes, ingresos y servicios, el develamiento de los procesos acumulativos de desventajas, deben estar presente en todo análisis de exclusión - inclusión, como así también en qué perspectivas epistemológicas se definen las problemáticas sociales y las propuestas de resolución. Asimismo, no puede estar ausente el concepto de cuestión social, concebida como las manifestaciones de desigualdades económicos, culturales, políticas, ideológicas. Dichas manifestaciones dan cuenta de la dinámica histórica y expresan contradicciones, disyuntivas y antagonismos del sistema capitalista y hegemónico.
En este marco, el eje trabajo continua siendo central en el análisis de la exclusión ya que incide  tanto en las condiciones materiales de vida (vivienda, educación, salud, seguridad social), pero también en el de crecimiento personal, de relaciones sociales (de vínculos), de solidaridad, de pertenencia, de reconocimiento personal, de participación ciudadana.
Hablar de exclusión nos lleva inevitablemente a hablar de pobreza, entendida como condiciones de vida “insoportables”, no solo desde la perspectiva material (alimentación, vivienda, salud) sino también políticas, ideológicas, culturales , educativas, religiosas, raciales. Sin embargo, en general los aspectos materiales cuantificables son los utilizados metodológicamente para medir la calidad o niveles de vida de la población. Dentro de esta acepción, los indicadores tienen que ver con el consumo de bienes y el ingreso disponible para satisfacer esas necesidades y mantener un nivel de vida. De esta manera, no se incluye otro tipo de libertades para desarrollar o utilizar capacidades en pos de la satisfacción de necesidades: la posibilidad de participar, de elegir desde sus propias perspectivas y necesidades, no desde las propuestas de otros (ejemplo: un presupuesto participativo donde un ejecutivo propone elegir entre tres obras dispuestas y diseñadas por ellos y no surgidas desde las propuestas de la población involucrada).

El análisis del carácter procesual, multidimensional  y preventivo de la exclusión implica:
  • Entender a la exclusión como la resultante un proceso de acumulación de desventajas y de acumulación del capital, y que dichas desigualdades tienden a profundizarse cuando se enlazan con desigualdades previas y locales o regionales. Esas desigualdades afectan directamente el ejercicio de derechos especialmente los derechos sociales.
  • El diseño de políticas que aborden la pobreza debe realizarse desde perspectivas ideológicas que consideren la universalización de beneficios, se propongan revertir la precarización e inestabilidad en el mercado de trabajo, revertir la estigmatización de espacios urbanos e incluir las nuevas dinámicas de organización familiar.
  • Las políticas de inserción tendrán que ver con la movilización de nuevas tecnologías profesionales, diferentes métodos de acción social pero que garanticen una intervención que se adapte a las situaciones emergentes, construidas históricamente. Todo esto en un marco de definiciones políticas, ideológicas y epistemológicas.

Lic. Patricia Chialvo



Reproducción social, pobreza, vulnerabilidad y exclusión social
Para analizar críticamente el concepto de exclusión es necesario remontarse al contexto que dio surgimiento a nuevos modos de nombrar y es en estas sociedades de la nueva modernidad en que el término exclusión tiende a sustituir al de pobreza en un intento de describir mejor la metamorfosis sufrida por la cuestión social como señala Castel, donde los emergentes procesos impiden la integración social de un número de colectivos sociales, donde la cuestión ya no pasa solo por una cuestión de desigualdad económica sino que van aflorando otras amenazas e impedimentos para el ejercicio pleno de ciudadanía.
El concepto de exclusión social  aparece como un concepto dinámico y más amplio que el de pobreza, supera la visión economicista y material del fenómeno de la pobreza y la desventaja social y se comienza abordar desde una perspectiva multifactorial y multidimensional, que intenta abarcar a otros muchos términos, como marginación,  precariedad, lo que hace más difícil poder caracterizarlo, conceptualizarlo y mucho más medirlo.
Es decir, mientras la pobreza se restringe a una sola dimensión, a la carencia  económica, es decir carencias materiales en las personas y colectivos marginados, la exclusión social incluye los procesos que generan esa situación en personas y colectivos, y los factores y dinámicas que los acompañan en un contexto específico, por lo tanto el concepto se encuentra ligado a la ruptura del vínculo social derivado de una falta de participación social.
Exclusión remite a ciudadanía en la medida en que ese status de ciudadano permita el poder acceder  a los derechos civiles, políticos y sociales otorgando así un derecho a la participación e igualdad.
En este sentido, el concepto de exclusión en el análisis social supone a mi entender un importante avance en la síntesis de las diferentes teorías y perspectivas de análisis, aunando la dimensión económica (pobreza), cultural (marginación, desviación), política (ciudadanía), social (aislamiento, segregación), así como la dinámica del empleo (precarización)  pero la  dificultad radica en la capacidad de los estados para establecer y mantener políticas redistributivas, preventivas de suficiente alcance ya que la  implementación de políticas sociales dirigidas a superar las situaciones de pobreza y exclusión social, se han desarrollado a lo largo de los tiempos desde la caridad, el asistencialismo o la beneficencia o el reconocimiento parcial  de derechos sociales.

Las políticas sociales se convertirán en estrategias de superación cuando más allá de sus objetivos económicos y políticos, tengan un alcance humano, integrando las necesidades sociales y promoviendo el desarrollo, como alternativas de solución a las contradicciones sociales, no disponiendo de recursos que entregar sino medios de acceso a estos promoviendo no la solución de los problemas sino que los mismos actores puedan  reflexionar para tomar decisiones y ejecutarlas en relación con la vida personal y social.
El punto en común de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social es que son problemas sociales complejos y multicausales que afectan el bienestar, ya sea individual o de grupos sociales, mientras que su diferencia radica en que la pobreza trata de identificar a la persona o grupos pobres con respecto a unas dimensiones –puntualizando sobre dicho segmento social– mientras que la desigualdad, pudiendo tener en cuenta las mismas dimensiones, incluye a toda la sociedad.
Considero que la diferencia entre pobreza y la exclusión en términos de políticas sociales radica en que en esta última la superación de la exclusión implica redefinición de las relaciones de poder y esa redefinición nos permitirá estar observando la estructura de oportunidades que se nos presenta a lo sujetos sociales.

María Ester Reina



Proyecto de documento de política sobre el alivio de la pobreza y el papel de los Trabajadores Sociales

Introducción
Como integrantes de la Secretaria de Jóvenes del Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe, consideramos necesario conceptualizar nuestra visión acerca de la pobreza a fin de poder situarnos teórica, epistemológica, ética y políticamente al momento de pensar una política sobre el alivio de la pobreza y el papel de los Trabajadores Sociales en la misma.
Pensar la pobreza en término exclusivamente económico sería aplicar una mirada reduccionista a una problemática de mucha mayor complejidad, como es la que reviste el término “pobreza”.
De esta manera creemos en primera instancia la necesidad de pensarla en todas sus esferas; social, económica, cultural.
Es necesario pensarla en términos de Derechos Humanos, en las posibilidades concretas de vida de los sujetos, en sus posibilidades de acceso y ejercicio del derecho a poseer una vivienda digna, al acceso a la educación, al trabajo, a la salud, al agua potable, etc.
Así podríamos situar nuestro rol profesional cuyo umbral de intervención se sitúe en los Derechos Humanos, a los cuales los ciudadanos deben acceder equitativamente, a través de políticas destinadas  a aliviar la pobreza en nuestro país.

Conceptualización sobre el término Pobreza
Si tuviéramos que definir a la pobreza, podríamos consensuar, que la misma se trata de un fenómeno complejo y multidimensional.  Hablar de pobreza hoy en día significa aproximarse a una compleja realidad, no solamente relacionada a los aspectos económicos, sino también, abarcando aspectos como la precariedad laboral, el acceso a una vivienda digna, la salud, entre otros.
Planteamos concebir a la pobreza desde tres tópicos relacionales:
·       Pobreza – Desigualdad: Partiendo de que la pobreza es un fenómeno social, relacionado a la estructura y en la dinámica social, podemos pensar en su estrecha relación con los efectos socioeconómicos del crecimiento, las políticas públicas para enfrentar  la misma y la búsqueda de alternativas de crecimiento económico.
Podemos consensuar en que cuanto más desigual se distribuya el ingreso en la sociedad, mayor será la desigualdad. Esto plantea la necesidad de nuevas transformaciones en las relaciones entre sociedad, Estado y economía. Estamos convencidas de que el Estado debería promover procesos de integración social eliminando las barreras sociales, impulsando una cultura de solidaridad, co-constuyendo  un sistema de actores sociales, donde los más excluidos puedan transformar sus necesidades en demandas, las cuales se expresen  en la toma de decisiones en la esfera política.
Relacionado a ello, aparece la importancia del Capital Social para promover mejoras en las condiciones de vida, influyendo de manera positiva en la promoción de mayores niveles de participación y protagonismo en la solución de sus problemas.
·    Pobreza - Desafiliación - Vulnerabilidad: Cuando hablamos de exclusión, debemos saber que la misma implica una imposibilidad de participación en la vida socio económica, político y cultural de nuestra sociedad, debido, no solo a la carencia material y económica, si no y sobre todo,  a la carencia de derechos, a la imposibilidad de acceder a los mismos; es por ello que Robert Castel plantea el concepto de desafiliación a fin de no posicionar a los sujetos en una situación inamovible como es el de la exclusión. Para el autor la desafiliación se presenta como la debilidad de los soportes del individuo moderno, el cual está fuertemente relacionado con el lugar que tiene el sujeto en la división del trabajo y de las redes de sociabilidad, perdiendo el lugar fijo y estanco que proporciona el concepto de exclusión. De esta manera le proporciona un sentido dinámico a la reconstrucción de los soportes del sujeto moderno.
Podemos pensar también, que la pobreza, puede tomarse como un factor importante de vulnerabilidad social que puede conducir a las personas hacia una situación de desafiliación social.
·     Pobreza – Ciudadanía: Con este tópico pretendemos problematizar la visión de la pobreza estableciendo vínculos con la ciudadanía. 
La ciudadanía hace referencia al pleno ejercicio de esos derechos ciudadanos que deben ser concedidos y garantizados por el Estado.
Marshall es quien propone, complejizar la mirada, y  no solamente referirnos a los derechos sociales, sino también de obligaciones que los sujetos contraen como miembros de la sociedad. Argumentación a la que él refiere como ciudadanía social.
Problematizando este planteo, podemos decir que la ciudadanía social nos remite sin duda a las políticas sociales, pero no sólo consideradas como instrumentos del Estado sino también como resultado de iniciativas de la sociedad civil.

La pobreza y las poblaciones vulnerables
No todas las personas  en situación de pobreza la experimentan de la misma manera, no son igualmente vulnerables a ella, o no tienen las mismas posibilidades de superarla, presentándose una importante heterogeneidad de la vivencia, causas y consecuencias de la pobreza, según edad, sexo, pertenencia étnica y ubicación rural-urbana. Esto nos conduce a desarrollar una conceptualización de la pobreza desde perspectivas específicas como son el género, la pobreza infantil, y la desigualdad de los diversos grupos étnicos.
Consideramos que analizar la pobreza desde una perspectiva de género, es decir, un enfoque que recoja la desigualdad existente entre hombres y mujeres y la discriminación que afecta a estas últimas es crucial para entender las razones por las que las personas son más proclives a vivir en condición de pobreza, a la vez que encuentran mayores o menores dificultades para superarla.
La feminización de la pobreza combina dos fenómenos moralmente inaceptables: pobreza y desigualdades basadas en el género. Por consiguiente, merece especial atención por parte de los encargados de formular políticas al determinar la asignación de recursos para medidas a favor de la equidad de género o de lucha contra la pobreza. Si la pobreza no se feminiza, los recursos pueden ser redirigidos a otros tipos de políticas.
Ciertamente, si la feminización de la pobreza ocurre o no en cada país es una cuestión de análisis empírico.
Proponemos una definición de feminización de la pobreza que considera el fenómeno como un cambio en los niveles de pobreza con una tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de mujeres.
Esta definición proporciona una herramienta sencilla pero efectiva para analizar las políticas, un ejemplo a considerar seria la AUH en Argentina.
Por su parte para comprender la pobreza que vivencian niños, niñas y adolescentes necesita de un doble análisis que involucre tanto las privaciones materiales (como la falta o imposibilidad de acceso a los servicios y bienes públicos que afectan directamente el ejercicio de los derechos de la población infantil, lo cual se acrecienta aún mas en las población rurales) como la insuficiencia de los ingresos familiares para satisfacer las necesidades básicas de los integrantes del grupo familiar.
De esta manera consideramos a la pobreza infantil en términos de acceso y ejercicio a los derechos, por lo tanto cada derecho de niños y niñas vulnerado coloca a la niñez y adolescencia en situación de riesgo social.
El concepto de pobreza infantil destaca la naturaleza multidimensional del fenómeno, además de las privaciones materiales, el acceso a los servicios básicos y factores vinculados a la exclusión de niños, niñas y adolescentes que afectan su desarrollo psicosocial.
Asimismo los pueblos indígenas están particularmente en riesgo de pobreza, a menudo carecen de una voz dentro de los países donde residen. Permanecen invisibilizados en las grandes zonas urbanas o segregados en barrios alejados; sufren a menudo un alto nivel de desempleo que contribuye a su pobreza extrema en los países en desarrollo o la pobreza relativa en los países más desarrollados. Creemos que las poblaciones indígenas se encuentran entre otros Derechos,  fundamentalmente con el Derecho al Hábitat vulnerado, considerándolo al mismo como el espacio en el que desarrollan su vida y materialización física, como resultado de un complejo proceso social.

Aportes del Trabajo Social en las políticas sobre el alivio de la pobreza
La participación, la autosuficiencia, la sostenibilidad y la autonomía son los principios clave para la superación de la pobreza.
Las políticas sociales orientadas a los sectores vulnerables, deben poner el acento en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
La ciudadanía social constituye, a nuestro modo de ver, un vínculo de integración social que se construye a partir del acceso a los derechos sociales siempre cambiantes en nuestra sociedad. A la vez que coincidimos con Amartya Sen, quien afirma que la tríada democracia-libertad-desarrollo constituyen el eje sobre el cual deben articularse los programas de combate a la pobreza. Así estamos convencidas de la importancia de ofrecer alternativas para hacer viable la creación de espacios de participación multiactoral en función de superación de la pobreza, promoción de la cooperación y de la construcción de ciudadanía.
Siguiendo el pensamiento del autor mencionado anteriormente los trabajadores sociales debemos pensar las necesidades como potencialidades para el desarrollo de las personas, de esta manera estaríamos interviniendo con sujetos plenos de derecho, actores de su propia vida, sujetos políticos capaces de transformación y cambio.
Las "capacidades" comprenden todo aquello que una persona es capaz de hacer o ser. El ser capaz de estar bien nutrido/a, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria forma parte de estas "capacidades". Sen señala que las necesidades básicas constituyen una parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo mucho más amplio.
Entonces, y siguiendo esta perspectiva, el bienestar se incrementará cuando las personas son capaces de leer, comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la utilidad que se deriva de ello, sino por el tipo de persona que puedes llegar a ser cuando sabes leer y escribir. Comer tendría valor no porque a las personas le guste la comida, sino porque es necesaria para la vida y la salud. Y las personas votan no por incrementar su beneficio personal, sino porque valoran un determinado sistema político y un determinado tipo de actividad política.
El número de opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones también contribuye al bienestar humano. De esta forma, desde el enfoque de las capacidades, se postula que más libertad y más capacidad de elección, tienen un efecto directo sobre el bienestar, incrementándolo.
En nuestro País tenemos importantes legislaciones en materia de reconocimiento de derechos, cuyos principales destinatarios son las poblaciones más vulnerables, tales legislaciones están destinadas a su protección como son la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley 26160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras protegiendo los derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 26485 Para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia Contra la Mujer, en los ámbitos en los que desarrolla sus relaciones interpersonales; las mismas han sido de relevante aporte a problemas históricos de vulnerabilidad y exclusión.
Sin embargo, y a pesar de los logros obtenidos en materia de derechos humanos queda mucho por trabajar para que éstos no sean sólo términos utilizados en el discurso político sino que se demuestre el avance en el acceso equitativo a los mismos por parte de toda la ciudadanía.
Finalmente como Trabajadoras/es Sociales apostamos al compromiso de trabajar sobre la base de los Derechos Humanos a fin de realizar un aporte significativo en el alivio de la pobreza que afectó y afecta a numerosos/as ciudadanos/as de nuestro país. Compromiso que implicaría entonces, una exigencia en la revisión de los supuestos teóricos y prácticos para fortalecer esos procesos, propiciando, coordinando o participando en la constitución de una ciudadanía más igualitaria y más incluyente.


Secretaría de Jóvenes del CPAS


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Aportes para la Revista "Escenarios" de la FTS - UNLP


Queremos informarles que se encuentra en proceso de preparación la próxima Revista Escenarios n° 20 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
En este ejemplar, la temática central abordada será: "Universidad y procesos formativos: desafíos para el fortalecimiento de la Cuestión Pública".
Queda abierta la convocatoria para el envío de artículos pertinentes al tema para su posterior evaluación y publicación. Se ruega su remisión antes del 31 de mayo  de 2013.
Las pautas para la publicación de trabajos pueden encontrarlas en el link de la Revista, en el sitio web de la Facultad: www.trabajosocial.unlp.edu.ar
Queda a su disposición el siguiente correo electrónico para recibir los aportes y responder consultas: escenarios@trabajosocial.unlp.edu.ar


Comité Editorial
Revista Escenarios
Facultad de Trabajo Social. UNLP.


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La Nación, el “cuervo” Larroque y los Asistentes Sociales


Por Norberto Alayón
Profesor Titular Regular
Facultad de Ciencias Sociales-UBA

Jorge Fernández Díaz, el Secretario de Redacción del diario “La Nación”, publicó en la edición del 1º de marzo un artículo titulado “El Cuervo Larroque, el kirchnerista absoluto”.
No voy a referirme puntualmente sobre “La Nación”, ni sobre el “cuervo” Andrés Larroque. Como trabajador social, voy a argumentar una defensa si se quiere “profesionalista” -aunque nunca ha sido éste mi sesgo preferido-, en esta época donde ciertas corporaciones operan en pro de sus intereses de manera casi obscena.
En su nota, de extensa crítica obsesionada sobre Larroque, el columnista Fernández Díaz expresa en uno de sus párrafos lo siguiente: “Larroque puede estar en el Parlamento llamando “narcosocialistas” a los aburridos socialdemócratas santafecinos o “atorranta” a una diputada de la centroderecha cool.  Pero también puede que se encuentre en las unidades básicas de las barriadas más humildes, predicando cristinismo o dando instrucciones a algún asistente social de Vatayón (Batallón) Militante.”
Los trabajadores sociales o asistentes sociales son los graduados de la carrera de Trabajo Social que se cursa predominantemente en universidades, públicas y privadas, de todo el país. El Trabajo Social es una profesión cuyos objetivos están dirigidos a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población (en particular de los sectores más desfavorecidos por las propias características del modelo de funcionamiento social) y a la defensa irrestricta de los derechos humanos, en su más abarcativa acepción.

Se trata de un vigoroso y dinámico colectivo profesional, con un importante nivel organizacional, plasmado en leyes nacionales y provinciales y en asociaciones y colegios de graduados y de unidades académicas que tienen pleno reconocimiento en el país, en Latinoamérica y en el mundo entero.
No tengo conocimiento de que trabajadores sociales se desempeñen profesionalmente dentro de la agrupación Batallón Militante. ¿El Secretario de Redacción de “La Nación” tiene información fidedigna acerca de la participación profesional de asistentes sociales (trabajadores sociales) en dicha organización? Si no fuera así, no debiera entonces referirse ligeramente sobre los profesionales asistentes sociales en un tono que raya con la desvalorización y el destrato. ¿Qué atributos responsables posee Fernández Díaz para referirse con desdén cuando habla de estos profesionales universitarios?
En el tenor de su nota, por cierto sobrecargada en distintos pasajes, la expresión “dando instrucciones a algún asistente social” suena a exigencias imperativas u órdenes de carácter vertical para que sean cumplidas sin reflexión alguna. Sólo en el período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica del 76-83, que el diario “La Nación” conoció muy de cerca, los trabajadores sociales -como tantos otros profesionales y ciudadanos en general- nos vimos compelidos en muchos casos a aceptar aberrantes imposiciones autoritarias del poder de facto.
Los trabajadores sociales, mujeres y hombres, son (somos) profesionales universitarios que se referencian e identifican con posiciones diversas en lo ideológico, en lo religioso, en lo cultural, en lo político. Desde luego, también habrá colegas que lean y se sientan representados y contenidos por el tradicional perfil del diario “La Nación”, que se autoatribuye ser “una tribuna de doctrina”.
Probablemente estos colegas, cercanos a las posiciones viejas y nuevas de “La Nación”, sean los que se sientan más dolidos por el objetivo menoscabo hacia el conjunto de la profesión de Trabajo Social, proferido por el Secretario de Redacción del centenario matutino. Sería deseable que Fernández Díaz asumiera la rectificación pertinente.
Buenos Aires, marzo de 2013.



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Reflexión para la Patria Grande


Por Lic. Laura Acotto
Vicepresidenta de FITS para Latinoamérica y el Caribe
El fallecimiento del Presidente Hugo Chavez desata nuevamente las profundas diferencias entre los dos proyectos societales para la América Latina y el Caribe.
Por 500 años se forjó un modelo de sometimiento, de etnias postergadas y clases dominantes que aún cuando tienen cabal noción de que su enriquecimiento y explotación no favorece la consolidación de naciones fuertes e independientes,  no resignan los privilegios acumulados a fuerza de distribución injusta, corrupción, alianzas profundas con quienes solo se interesan en los recursos que puedan extraer aunque estos involucren la explotación y el aniquilamiento de seres humanos.
Cuando uno recorre Latinoamérica y el Caribe se encuentra con profundos e inmensos bolsones de pobreza y escandalosos e hiper reducidos bolsones de riqueza, con sociedades polarizadas, divididas entre quienes privilegian lo que han capitalizado mediante el desarrollo de gobiernos  oligárquicos, militares y neo liberales  y sectores  que han capitalizado mediante la implementación de gobiernos denominados populistas y efectivizadores de derechos.
Una sociedad que cuenta con azuzadores de la división y el enfrentamiento, desde espacios muy diversos, los medios de comunicación, la intelectualidad, dirigentes corruptos, funcionarios que privilegian su capital personal (sea esto económico o social) por encima de los intereses de sus pueblos y naciones.
Esto duele, a quienes soñamos con una Patria Grande, unida, consolidada, equitativa y construida colectivamente por las mujeres y los hombres de buena voluntad que por nacimiento o por opción constituimos el pueblo latinoamericano que trabaja cada día por la construcción de una sociedad justa.
En los últimos años la dirigencia regional ha construido algunas bases para la transformación social, dando un vuelco a la tendencia histórica que configuro a América Latina como la región más injusta en términos de distribución,  del mundo, el camino no ha sido para nada sencillo, ha contado con fuerzas internas y externas por demás poderosas acostumbradas al atropello, el sometimiento y la explotación y las perspectivas futuras indican que el camino seguirá siendo tortuoso, lento y lleno de obstáculos,  de allí la necesidad de estar lúcidos, convencidos y claros en las propuestas para que podamos hacer una defensa del modelo de equidad, igualdad, distribución de la riqueza socialmente producida y de plena efectivamente de derechos.
Que en esta ocasión prime la necesidad de construir una Sociedad de Derechos por sobre la de destruir y retroceder, es el anhelo de esta trabajadora social argentina y latinoamericana.
Laura Elizabeth Acotto
Vicepresidenta de la región Latinoamerica y el Caribe
Federación Internacional de Trabajo Social



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El periodismo falaz

* Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Nota publicada en las ediciones sucesivas del 6 y 13 de febrero en el "Seminario Universidad", números 1978 y 1979, de la Universidad de Costa Rica.
Soy un trabajador social argentino y me desempeño como profesor en la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. A comienzos de diciembre viajé a Costa Rica, invitado por una institución oficial, para compartir una exposición académica sobre temáticas de mi profesión. En esa ocasión, llegó a mis manos un ejemplar del diario “La Nación” de Costa Rica, del 25 de noviembre, en el cual pude leer un editorial titulado “Kirchner en la cuerda floja”.
Lo tomé como un editorial más de los tantos que pululan en nuestros países, que expresan ciertas maneras de ejercer el periodismo ajenas a la responsabilidad y a la verdad. Luego me entero que dicho diario sería el más “importante” de Costa Rica y que se trataba de la edición número 22.954, ya que la publicación fue fundada en 1946 como “diario independiente”. Pensé en ese momento, con cierto humor negro, que 22.954 periódicos con el perfil y tenor de ese editorial pulverizarían el hígado de la persona más robusta y sana. Y es lo mismo que nos pasa a los argentinos con algunos diarios, hasta centenarios, que se autorreputan como serios.
Al regresar a mi país decidí enviar una respuesta breve a semejante insolencia y falsedad del “importante” diario. Envié unas pocas líneas, que me permito reproducir textualmente a continuación, ya que las mismas fueron publicadas en la sección Cartas, el 20 de diciembre, pero con algunos retoques y omisiones:
Sra. Directora del Diario La Nación: Con todo respeto me dirijo a usted en relación al Editorial publicado en "La Nación" del domingo 25 de noviembre de 2012, bajo el título "Kirchner en la cuerda floja". Dicho texto, plagado de inexactitudes, exento de información fehaciente y atravesado por una suerte de malicia ideológica, constituye la expresión de un diario ajeno a la seriedad y al buen periodismo.
Tal vez no sea su deseo, pero sepa usted que ni la Presidenta Cristina Kirchner, ni la Argentina están "en la cuerda floja". Todo lo contrario: flojos de seso, pero plagados de veneno, se evidencian ciertos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, a los cuales se suma este extravío editorial del diario bajo su dirección. Le agradeceré tenga a bien publicar estas breves consideraciones, como derecho a réplica.

Veamos algunos de los dislates y la forma de “construir” las noticias, de la que hace gala el mencionado editorial, en su irracional afán de descalificar. Empieza con el título de “Kirchner en la cuerda floja”. Pareciera inducir a hacer creer a los lectores que el gobierno argentino está “por caer”. La presidenta Cristina Kirchner fue reelegida, en octubre de 2011, con más del 54 % de los votos, y tiene mandato constitucional hasta diciembre de 2015. El título y el contenido del editorial no implica una caracterización seriamente fundamentada; lo que implica y expresa es un deseo. ¿Querrá “La Nación” que el gobierno constitucional argentino caiga y volvamos a una dictadura cívico-militar? Tal vez sea el mismo deseo del que están embebidos ciertos sectores sociales de Argentina, que ven recortados sus enormes e históricos beneficios, articulados a los intereses económicos mundiales más concentrados e inequitativos. Estos sectores, en Argentina, intentan permanentemente por todos los medios (económicos, judiciales, mediáticos) difamar, desgastar al máximo posible a un gobierno de carácter “nacional y popular” como el actual, precisamente porque ven cuestionados sus privilegios y temen perderlos o siquiera verlos reducidos. Los sectores que impulsaron la genocida dictadura cívico-militar-eclesiástica que destrozó al país entre 1976 y 1983, la Sociedad Rural Argentina que expresa históricamente a la clase más oligárquica y parasitaria, el diario “La Nación” de la Argentina (¡oh, el mismo nombre que el de Costa Rica!), cierta jerarquía de la Iglesia Católica, en suma los sectores reconocidos como el conservadurismo, la derecha, todos portan el deseo de que este gobierno caiga. ¿”La Nación” de Costa Rica se sentirá identificada con estos sectores profundamente retardatarios y antidemocráticos y se suma a este deseo?  ¿Por eso publican semejante editorial?
Y agrega “La Nación”: “El cuadro tiene como fondo una camarilla asesora liderada por el hijo de la mandataria, con los sigilosos consejos de una amalgama de jóvenes de ideas radicales.” ¡Qué lenguaje irrespetuoso que suena a descalificante de la investidura presidencial! La presidenta argentina ha demostrado de sobra que posee la suficiente autoridad para no dejarse influenciar por ninguna camarilla. Simétricamente, aún dejando de lado la densidad abismal entre una presidenta elegida democráticamente dos veces por el pueblo y un diario como “La Nación”, se podría preguntar si detrás de la directora Noguera existe una camarilla ligada o descendiente de la familia Montealegre, relacionando a la vez a esta familia con el fusilamiento de Juanito Mora.
¿De dónde saca tan osados y falsos datos “La Nación”? ¿Se los proporciona la Sociedad Interamericana de Prensa, es decir la asociación de propietarios de diarios; los obtiene de la Cadena de la desinformación y distorsión sistemática, conocida como CNN; se los pide a la embajada norteamericana? Al alemán Paul Goebbels, ministro de Propaganda de Adolfo Hitler, se le atribuye la frase: “una mentira mil veces repetida… se transforma en verdad.”
El editorial pretende desconocer el crecimiento económico sostenido de Argentina desde el 2003; las reservas record del Banco Central; la recuperación del empleo; el rechazo a las presiones e imposiciones del FMI; la firme decisión de fortalecer el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC; la recuperación estatal de Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aguas Argentinas, Correos; el rechazo al proyecto imperial del ALCA; la Asignación Universal por Hijo y a mujeres embarazadas; la moratoria y actualización previsional que benefició a millones de jubilados; el sostenido impulso a la industria, a la ciencia y a la tecnología; los programas de inclusión social; la profundización de las políticas de defensa de los derechos humanos; los planes de vivienda y de diversas obras públicas; la jubilación para las Amas de Casa; la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (precisamente suspendida desde hace 4 años por los medios hegemónicos y cierto sector del Poder Judicial); el aumento al 6 % del PBI del presupuesto en Educación; el Programa de distribución gratuita de computadoras a estudiantes y docentes; la puesta en marcha de la TV Pública Digital gratuita; la Ley de matrimonio igualitario; etc.
Es necesario reparar en dos cuestiones centrales. En primer lugar, la importancia de develar la utilización de argumentos aparentes para defender lo que es evidentemente falso. Y un segundo aspecto remite a la necesidad de identificar cierta unidad de acción, a escala continental, asumida por diversos sectores que pertenecen o representan al conservadurismo, para oponerse tenazmente a los distintos proyectos que felizmente se están desplegando en muchos de nuestros países, en sintonía con los legítimos ideales de independencia y justicia social.
El poder económico mundial (dicho de otro modo, el sistema capitalista) tiende a avanzar para controlar y hasta apropiarse del poder político para ponerlo a su servicio. Pero además, para completar este circuito perverso que perjudica a las grandes mayorías, requiere controlar también el poder ideológico, representado básicamente en la educación y en la comunicación mediática, es decir en el periodismo.
Resulta obvio reconocer el alto componente político que tiene siempre el periodismo. Y es absolutamente legítimo que cualquier sector social exprese sus posiciones y la defensa de sus intereses por medio del periodismo, pero sin distorsionar la realidad o directamente con falsedades, muchas de ellas muy descaradas y ostensibles. De no ser así, convierten al periodismo en una actividad ruin y en una suerte de charca cloacal.
Un ejemplo de este tipo de periodismo lo constituye el diario inglés The Sun, cuyo propietario es el magnate Rupert Murdoch. Este diario fue condenado en el propio Reino Unido por escuchas ilegales y publicaciones de noticias falsas relacionadas con personalidades y políticos de ese país. Dicho accionar, concientemente programado, benefició abiertamente la campaña electoral del primer ministro conservador David Cameron, a punto tal que funcionarios de su gabinete debieron renunciar frente al escándalo y complicidad con el multimillonario Murdoch.
Estoy seguro que los costarricenses y todos los latinoamericanos bien nacidos, que soñamos con sociedades más justas e igualitarias, no desean que “La Nación” de la querida Costa Rica imite al diario The Sun.
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¿Cuál es el camino?

Como profesionales que integramos el Foro de la Infancia de la ciudad de Santa Fe, siempre estamos ocupados y preocupados por aquellas situaciones que involucran a niños, jóvenes y familias de la provincia y los mantienen presentes en las crónicas y noticias locales, haciendo pública una realidad vivenciada por muchos pero conocida por pocos.
Es por medio del diseño y ejecución de políticas públicas específicas que el Estado debe brindar respuestas a las problemáticas sociales que atraviesan diferentes sectores de la sociedad e involucran de una u otra forma a toda la comunidad.
En un Estado responsable son los gobiernos, a través de las administraciones públicas, los encargados de poner en funcionamiento aquellos  programas y proyectos concretos que son los ejes que conforman las políticas públicas y que deben orientarse al bien común y a la búsqueda de la calidad de vida de toda la población.
La distancia  entre los contenidos programáticos de las políticas sociales y su puesta en práctica ha sido siempre tema de análisis de las ciencias sociales. Por un lado, porque su implementación suele involucrar una diversidad de intermediarios que aportan su impronta y por el otro, en el marco de relaciones de proximidad, las clasificaciones de “necesidades” y “necesitados” son a la vez instrumento y objeto  de lucha interpretativa.
La complejidad de las problemáticas sociales actuales es un hecho, una sola mirada no sirve, la transversalidad en los análisis, en los diseños de políticas y en las intervenciones es ineludible. Ya nadie aborda la cuestión social y sus manifestaciones desde una sola perspectiva. Esto esta claro, lo que no parece estarlo es desde qué política se interviene y para qué, es decir cuáles son los objetivos que guían las intervenciones.
En materia de infancia, los cambios que la nueva ley de protección integral impone, nos enfrentan al desafío de trabajar con niños y jóvenes desde una perspectiva de derechos, garantizando al máximo su cumplimiento. Pero debemos tener en cuenta que las exigencias que este marco normativo plantea exceden hoy las posibilidades reales de intervención si no se diseñan políticas públicas de infancia que permitan dar cumplimiento efectivo a lo que se establece porque La Ley no es la Política.
Una muestra clara de la brecha que actualmente existente entre el deber ser y el hacer son:
· El alto numero de niños que se encuentran institucionalizados desde hace años,  no acceden al derecho de vivir en ámbitos familiares y se encuentran a la espera de una resolución administrativa o judicial que defina su situación teniendo en cuenta sus verdaderas necesidades e intereses.
· El aumento del consumo y comercialización de diferentes drogas, que se instalan en la vida de cientos de niños, jóvenes y familias que se “consumen”, desgastan y destruyen buscando salidas que nunca encuentran. Chocan con burocracias institucionales y practicas obsoletas que solo justifican una maquinaria institucional inoperante.
· La gran cantidad de niños y jóvenes que no acceden al sistema educativo, dato que se verifica en más de 10.000 familias de la ciudad que no han presentado la contraprestación de salud y educación para el cobro de la Asignación Universal ya que los chicos no concurren a la escuela.
· El incremento de chicos de todas las edades en las calles, instalados en las principales arterias de acceso a bulevares y avenidas de la ciudad realizando todo tipo de “demostraciones artísticas”, “acrobacias o piruetas” que los exponen a los más variados peligros y a permanentes miradas de lástima, miedo, compasión, repulsión, vergüenza, dolor.
· Importante numero de “pacientes” que llegan a los consultorios de los centros de salud en los barrios con serios problemas psico-físicos, producto de una mala alimentación, del  abandono por parte de su familia o abusados y maltratados por alguno de sus miembros con claros signos que evidencian un real padecimiento físico y psíquico.
· Los “pequeños trabajadores” que componen la categoría de “trabajo y explotación infantil” que crece año tras año en zonas urbanas y rurales, sin control por  parte del Estado.
· La trata, con fines de explotación sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, comercialización de órganos cuyas cifras crecen tanto como los diferentes mecanismos de captación y las redes montadas a tal efecto.
Ante todo esto se imponen las preguntas: ¿Qué hacer por nuestros niños y jóvenes? ¿A donde recurrir frente a esta realidad? ¿Quienes son los responsables de intervenir para modificar estas situaciones? ¿Cuanto más hay que esperar para actuar? ¿Cuál es el camino?...
Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que desde hace años trabajan por y para la infancia implementando verdaderos espacios de promoción y protección de derechos. Pero solos no pueden, no alcanza para revertir y reparar el daño ya existente y a la vez trabajar en la prevención.
Se necesita, con urgencia, contar con el protagonismo del Estado que es quien tiene la responsabilidad primaria de ocuparse, conocer las políticas diseñadas, los recursos disponibles, las redes establecidas y las personas encargadas de acompañar y apoyar los procesos de trabajo pensados con y para la infancia santafecina.
“La infancia es el resultado de las oportunidades, los estímulos y las experiencias que el mundo adulto que la rodea es capaz de generar como condición de posibilidad. Es por tanto, una construcción social de responsabilidad colectiva del mundo adulto”.
Lic. Patricia Chialvo
Asistente Social Silvia Altamirano
Lic. Liliana Cortés
Foro de la Infancia
Santa Fe, noviembre de 2012



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Aportes desde el Trabajo Social a la comprensión e intervención transformadora del hábitat como derecho

El CPAS comparte un trabajo elaborado por las colegas Anabella Córdoba, Patricia Chialvo, Sandra Gallo, Viviana Marucci, y Silvia Vega.




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La Primera Escuela de Servicio Social (que no fue)


Por Norberto Alayón
Profesor Titular Regular. Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro “Historia del TS en Argentina”.
El 2 de agosto de 1924, por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, fue creado el curso de Visitadoras de Higiene Social, dependiente del Instituto de Higiene de dicha Facultad. El director de dicho Instituto era el médico Manuel V. Carbonell, pero en rigor el curso dependía de la Cátedra de Higiene, perteneciente al Instituto, cuyo titular era el médico Alberto Zwanck.
Casi 6 años más tarde, el 23 de junio de 1930, se inauguró la primera Escuela de Servicio Social, dependiente del Museo Social Argentino, dirigida por el propio Zwanck. En esa fecha, el Museo Social estaba incorporado a la Universidad de Buenos Aires, como un Instituto de Información, Estudios y Acción Sociales.
Sin embargo, dos años antes, existió un proyecto previo para la creación de la primera Escuela Nacional de Servicio Social, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 16 de mayo de 1928. En efecto, con la firma del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear (cercano al radicalismo “antipersonalista”, opositor de Hipólito Irigoyen) y de su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Sagarna, se envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley, en cuyo artículo primero se establecía: “Créase en la ciudad de Buenos Aires la Escuela de Servicio Social, con los fines que a continuación se expresan: Proporcionar enseñanza técnica y administrativa a los jóvenes que aspiren a ocupar puestos en obras de asistencia y previsión sociales. Dar a las enfermeras, visitadoras, empleadas en obras sociales una educación que complemente la ya recibida. Completar la educación social de los jóvenes que siguen otros estudios. Ofrecer a todos un centro de Estudios Prácticos de la realidad argentina en materia de asistencia y solidaridad sociales”.
Se preveía que los estudios, para alumnos mayores de 17 años, de ambos sexos, “duraran dos años, de los cuales el primero estará consagrado especialmente a dar una información general sobre los grandes problemas sociales, y el segundo a la especialización en el trabajo social, de acuerdo con las necesidades del alumno”.

El plan de estudios contemplaba el dictado de “una introducción al estudio del servicio social; nociones de sociología; de psicología; de derecho y administración pública; de biología general; bases científicas de la educación; el problema de la penología; el de la población de la Argentina; higiene; puericultura; administración de las instituciones del servicio social; economía doméstica; juegos; deportes; primeros auxilios; orientación profesional; asistencia sanitaria y social; y organización del trabajo”.
Para ingresar a la Escuela se exigía a los y las estudiantes “haber cursado los tres primeros años de una escuela normal, de un colegio nacional o de un establecimiento de enseñanza especial”. No obstante, de no cumplirse este requisito de estudios previos, igualmente podrían ingresar quienes “formaran parte del personal de alguna institución de acción social pública o privada”.
En la fundamentación del proyecto se mencionaba que “La asistencia sanitaria y social -el servicio social, como con justo y amplio sentido comprensivo se dice- realízase en nuestro país en forma generosa, insumiendo recursos y energías de tal magnitud, que implican un timbre de honor para el sentimiento de filantropía y de solidaridad del pueblo argentino”. Reafirmando “ese concepto de la asistencia del Estado a los menores abandonados o a los indigentes, como un deber esencial de toda sociedad bien organizada que, al recoger, amparar y elevar esos niños o jóvenes, defiende y ennoblece su propia integridad”.
Con anterioridad al mes de mayo de 1927 el ministerio de Justicia e Instrucción Pública había “encomendado a funcionarios de su dependencia y a comisionados especiales el estudio de las organizaciones docentes y administrativas del servicio social en Europa y el resultado de tal misión es un informe muy interesante y muy documentado que permite apreciar nuestra situación de retardo e inferioridad en tal sentido, al propio tiempo que nos ofrece los varios tipos de organización bien experimentados en otros países, para que adoptemos el más conveniente, adaptándolo a nuestras propias condiciones sociales”.
El proyecto incluía el interrogante acerca de “con qué bagaje teórico y práctico entra un argentino a la dirección de una casa-cuna; de un instituto tutelar de menores; de una casa de trabajo para alcoholistas, vagos, viciosos; de una prisión o casa correccional; de un internado docente; de una caja de previsión social; de una cooperativa; etc.” Y agregaba su propia respuesta: “Casi siempre, a una base de buenas informaciones unilaterales se une un poco de ensayismo en otros aspectos de los varios e interesantes que presenta el problema de la dirección y administración eficaces, y la experiencia resulta, así, larga y dispendiosa, cuando no determina el malogro de las mejores intenciones y empeños”.
Para abordar tales carencias, la propuesta de estudios consignaba que “El primer año será de carácter teórico relativamente (sic) pues siempre se tendrá en cuenta, en lo posible, la observación y la experiencia, y el segundo será acentuadamente práctico y especializado, trabajando los alumnos en las instituciones que en esta Capital prestan asistencia sanitaria y social, como ser hospitales, asilos, colonias, hogares, cajas de previsión, salas cunas, sociedades de beneficencia, cooperativas, cárceles, cantinas maternales y escolares, etc., con la cooperación que se descuenta de sus directores, personal técnico y administrativo”.
Simultáneamente existió también otro proyecto de ley para la creación de una Escuela de enfermeras visitadoras, presentado en 1928 en el Congreso Nacional por Leopoldo Bard. Este médico, vinculado ideológicamente con Hipólito Yrigoyen y también con la masonería, era el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados. Años más tarde, en 1947, fue designado por Juan Domingo Perón como Director General de Higiene y Seguridad del Trabajo.
El proyecto del diputado Bard establecía, en su artículo segundo, que “Las escuelas de enfermeras visitadoras dependerán de cada una de las cátedras de higiene médica de las respectivas facultades de Medicina de Buenos Aires, Rosario y Córdoba”. En rigor, tal como se consignó al comienzo de este texto, en Buenos Aires ya estaba en pleno funcionamiento, desde hacía cuatro años, el Curso de Visitadoras de Higiene Social en la Facultad de Ciencias Médicas. En julio del mismo año, este proyecto pasó a la Comisión de Instrucción Pública, sin que se lograra la sanción de la ley respectiva.
Al mismo tiempo, existían inquietudes similares en el seno del Museo Social Argentino para abocarse a la formación de estos agentes sociales. Se organizó la Sección de Higiene Social, en mayo de 1928, cuyas autoridades fueron los médicos Julio Iribarne, Manuel V. Carbonell y Germinal Rodríguez , integrada también por otros siete médicos: Saúl Bettinotti, Pílades O. Dezeo, Ciro Durante Avellanal, Ubaldo Fernández, Evaristo Lutara, Nerio Rojas y Manuel Ruiz Moreno. Conformaron una comisión para elaborar una propuesta de creación de una Escuela de Servicio Social y, entre diversas consideraciones, formularon una muy llamativa argumentación: “Comprendemos que esta labor de organizar la nueva Escuela, sus planes de enseñanza y orientación, es una tarea larga y difícil y que exigirá una tranquila meditación. Pero en cualquier forma podría este año aceptarse en principio la creación de dicha Escuela para evitar así que la idea, tomada por alguna otra institución afín, pudiera malograrse o confundirse y una comisión del seno del Museo Social podría planear la organización en el transcurso del corriente año”.
Al respecto surgen algunos significativos interrogantes. ¿Por qué el Museo Social Argentino presumía que alguna otra institución estatal “podría malograr o confundirse” en relación a la idea de crear una Escuela de Servicio Social?  Visto el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, el 16 de mayo de 1928, para crear la primera Escuela Nacional de Servicio Social, ¿el Museo Social se apresuró para presentar su propia propuesta para lograr ser los primeros en crear dicha Escuela? El gobierno nacional había financiado, previo a mayo de 1927, el viaje a Europa de “funcionarios” y de “comisionados especiales”: ¿alguno de los médicos integrantes del Museo Social formaron parte de la misión que viajó a Europa en 1927?  El artículo que el Dr. Germinal Rodríguez publicó en el diario “La Nación”, el 2 de diciembre de 1927: ¿fue el producto de los datos y experiencias recogidas en el periplo europeo, financiado por el gobierno nacional?
En definitiva, el proyecto del Poder Ejecutivo, de mayo de 1928, nunca llegó a aprobarse. Era obvio que el gobierno de Alvear estaba finalizando su mandato. Al poco tiempo se realizaron las elecciones nacionales, siendo ungido como nuevo Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, el cual asumió el 12 de octubre del mismo año. Quedó trunca, de este modo, la alternativa de creación de una Escuela de Servicio Social dependiente del gobierno nacional, lo cual recién se concretó -31 años después- en 1959 (durante el mandato de Arturo Frondizi) con la inauguración del Instituto de Servicio Social, dependiente del ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, cuyo titular era el médico Héctor V. Noblía, siendo director de dicho Instituto el médico psiquiatra Ricardo Tarsitano.

Por Lic. Norberto Alayón
Buenos Aires, Octubre de 2012.

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La sentencia del tiempo

* Por Psicóloga y Psicopedagoga Camila Candioti y Lic. en TS Gabriela Scolari.

En Septiembre de 2005 se sancionó la Ley Nacional N° 26.061 de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en un proceso de concordancia legislativa, luego de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y su incorporación a la Carta Magna, en el año 1994.
Esta Ley implicó un gran avance en el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos ya que, en nuestro país, habían estado bajo el régimen de la minoridad y el patronato durante más de un siglo.
La provincia de Santa Fe adhirió a la Ley Nacional desde su promulgación, iniciando un proceso de cambio en las instituciones y prácticas vinculadas con la niñez, para finalmente sancionar la adhesión a la norma en Noviembre de 2008, mediante la Ley Provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Todos estos marcos normativos, que implican sin lugar a dudas un progreso importantísimo desde un enfoque de derechos humanos, a su vez plantean nuevos retos respecto a las necesarias transformaciones institucionales y culturales en los ámbitos  Estatales – tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Judicial -, en las Organizaciones de la Sociedad Civil y la comunidad en general.
En esta ocasión ponemos especial atención a los cambios producidos en la atención a la infancia vulnerada. Niñas, niños y adolescentes que, por distintas circunstancias contempladas por la Ley, se encuentran transitoriamente separados de sus propias familias, necesitando de cuidados alternativos especiales, a fin de superar esa situación y lograr que sus derechos estén plenamente garantizados.
Se trata de los niños que se encuentran en las instituciones estatales o en grupos familiares que integran el Programa Familias Solidarias o Familias Sustitutas -dependientes de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia- o en diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, - bajo la modalidad institucional o familiar-. Estos organismos cumplen un rol fundamental en la vida de cada niño.

Actualmente, debido a los procesos de cambio legislativos, los cuales implicaron - entre muchos otros aspectos-: el cese de intervenciones de los Juzgados de Menores en materia Civil, el pasaje de los casos a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y la intervención de los Tribunales Colegiados de Familia, aquellos niños que se encontraban separados de su grupo familiar y resguardados en los ámbitos institucionales o familiares mencionados, mediante la intervención del Juzgado de Menores, quedaron atrapados en la adecuación administrativa y judicial a las nuevas legislaciones.
Es decir, al acordarse el cese de competencia civil de los Juzgados de Menores, hubo casos que no tuvieron la posibilidad de ver resuelta su situación jurídica y, por lo tanto, quedaron a la espera de la sanción, reglamentación y aplicación de la ley provincial.
La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia es la autoridad de aplicación del nuevo Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos, cuyas funciones están establecidas y enumeradas en el Art. 33 de la Ley 12.967 y su decreto reglamentario Nº 0619/10.
Estas funciones que marca la Ley, otorgando nuevas y amplias funciones y responsabilidades al órgano administrativo provincial, así como a los municipios y comunas, no siempre han tenido un correlato acorde en la asignación presupuestaria de  dichos organismos que les permitan cumplimentar tales exigencias.
En la Subsecretaría provincial influyen, además de los insuficientes recursos económicos, otros problemas estructurales, como la ausencia de una estructura orgánica funcional que brinde estabilidad en la función y posibilidad de asenso a los equipos profesionales, técnicos, operadores y administrativos.  El recurso humano, entonces, también deviene escaso y con muchas limitaciones para su especialización y capacitación, siendo muy frecuente su migración hacia otras dependencias estatales o privadas, ya que tampoco la política salarial se ha adecuado a las nuevas y complejas  funciones establecidas en la Ley 12.967.
No pocas veces, esta situación tiene consecuencias inevitables que provocan el resquebrajamiento en las garantías de los procesos que involucran a situaciones tan delicadas y definitorias en la vida de los niños.
De este modo, la prolongada permanencia de los niños en ámbitos institucionales o familiares temporarios, es uno de los emergentes que pone de relieve la ausencia de articulación y la improvisación de las políticas públicas en materia de infancia, más allá de los procedimientos y legislaciones existentes, a cumplimentar.
En este contexto, los Trabajadores Sociales, Psicólogos, Abogados, Terapistas, Psicopedagogos, entre otros, que desempeñamos nuestra función en la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, nos vemos interpelados a diario respecto de las posibilidades y limitaciones de nuestra práctica profesional. Algunos de los dilemas presentes son:
¿Decidir e implementar una Medida de Protección Excepcional a fin de resguardar a los niños, aún sin poder garantizar los plazos para la convivencia en una familia definitiva?
¿Es posible aplicar la Medida de Protección Excepcional, como excepción y no como norma, ante la debilidad de las políticas públicas de fortalecimiento familiar y social?
¿Cómo realizar un trabajo planificado, sistematizado y sostenido con la familia de origen, cuando la cantidad y complejidad de las situaciones que demandan de la intervención de los equipos profesionales supera sus posibilidades?
¿Podemos con nuestra intervención reparar y reducir al máximo el “abandono secundario” de los niños, a manos de la intervención estatal?
¿Cómo sostener los protocolos de intervención y los principios deontológicos, ante los cambios constantes en los lineamientos que emanan de los funcionarios, la ausencia de  planificación y coordinación entre las sucesivas gestiones políticas?
¿Cómo compatibilizar las exigencias de pronta resolución de la situación del niño y de evitar institucionalizaciones prolongadas, con el cumplimiento del debido proceso? 
Apostamos a construir un Estado inclusivo de todas las infancias y garantista de sus derechos fundamentales, es por ello que buscamos llamar la atención respecto a la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de los sistemas de protección local y de la autoridad provincial de protección de derechos.
Reconocemos nuestras posibilidades y limitaciones como cuerpo de profesionales, y por ello nos encontramos en la militancia y con la convicción de respetar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho, trabajando con estas realidades complejas y particularísimas, en el desafío de avanzar caso a caso.
Psicologa y Psicopedagoa Camila Candioti.
Lic. en Trabajo Social Gabriela Scolari
La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia



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Novedades 2012 de Editorial Espacio

Intervenciones de Trabajo Social en el área de Salud


Política Social como Intervención en lo Social



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Capitalismo y Asistencialismo

* Por Norberto Alayón
Nota publicada en el Diario Página/12, el 1º de agosto de 2012

El capitalismo es el modelo político-económico que predomina en el funcionamiento de nuestros países. Su lógica y “racionalidad” se centra irreductiblemente en la búsqueda denodada del lucro y la acumulación, sobre la base de la expoliación de la productividad del trabajo de otros. Un modelo bien distinto tendríamos si los objetivos de la producción no fueran la mera ganancia, sino la satisfacción de las necesidades sociales.
Como dijera Adam Smith, aquel economista y filósofo escocés del siglo XVIII, “el mercado es incompatible con la ética, porque cualquier acción moral voluntaria contradice las propias reglas del mercado y simplemente termina por desplazar al empresario moralizante”.
Cabría igualmente un par de reconocimientos: a) el capitalismo ha contribuido al desarrollo de la sociedad, aunque simultáneamente condujo a reproducir desigualdades estructurales; y b) nuestros países han venido padeciendo un doble sufrimiento, por la presencia del capitalismo y también por la falta de desarrollo capitalista. Por ejemplo, el carácter parasitario y ocioso de nuestra tradicional oligarquía, que se constituyó como una suerte de “clase capitalista no burguesa”, obstaculizó el desarrollo industrial del país, manteniendo en muchos casos relaciones de tipo cuasi feudal. La enorme riqueza, obtenida por las grandes extensiones de campos y por la renta diferencial de la tierra, condujo a estos sectores a evidenciar un comportamiento exento de “dinamismo burgués” y antiindustrialista. Con semejantes ganancias, los terratenientes no estaban interesados en reinvertir sus beneficios.
Tal vez, de este origen “naturalmente perezoso”, nuestras “burguesías nacionales” hayan encontrado una suerte de modelo productivo a imitar, ligado a la búsqueda de ganancias desmedidas, con un mínimo de riesgo e inversión o bien aprovechando protecciones, prebendas, abusos y saqueos sobre el Estado para que respaldara sus intereses privados, por sobre el bienestar del conjunto de la sociedad. Con frecuencia, esta violación de la esencia misma del funcionamiento capitalista, ligada a la inversión y al riesgo, constituye una conducta irreductible: quieren ganar fortunas –y además en el menor tiempo posible– sin correr prácticamente ningún tipo de riesgos.

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Trabajo Social con Familias

* Por la Lic. Liliana Calvo

Mary Richmond nos ha dejado una bibliografía de avanzada para los años en que fue escrita. En 1914 pronuncia una conferencia  sobre los primeros pasos en el Trabajo Social de Casos. En base a ésta escribió Diagnosis Social publicado en 1917 por Rusell Sagr Foundation. En 1922 publicó “Qué es el Trabajo Social de Casos”. Poco después en 1930 se publica The Long View  “Mirando a lo lejos”. Partiendo de la teoría del yo generalizado de George Mead, llegó a señalar  la necesidad de abordar al individuo  por medio de sus relaciones sociales. Consideró que el grupo básico y fundamental del hombre es su familia”.  (1) 
Con el correr de los años y el surgimiento de nuevas posturas científicas dicha intervención se ha ido enriqueciendo con muchísimos aportes.
Nuestra colega Arroyo Rueda en su artículo “Trabajo social con familias y terapia familiar “, nos expone en amplitud de referencias que desde el origen mismo del trabajo social existen antecedentes que hacen referencia al hacer profesional del trabajador social con la familia”. (2)
De este modo conocemos experiencias en Inglaterra, como la de Tavistock Clinick, donde un psiquiatra y una trabajadora social crean un centro muy valioso de atención a familias.
Las de Palo Alto, en los Estados Unidos, donde se destaca Virginia Satir  trabajadora Social y terapeuta familiar,  que en la década del 70 coordina también trabajos con Fritz Perls, creador de la Gestalt, en el Centro Esalen, en California, Estados Unidos. Considero como trabajadora social y gestaltista, que Virginia nos ha dejado un legado inmejorable de sapiencia.
Por último, es importante referenciar a Gordon Hamiltón, otro aporte muy importante de experiencia en el trabajo social con familias quien resalta “que es posible entender a la persona, si se entiende a la familia”.
Tanto en Latinoamérica, como en los Estados Unidos y en Europa, el trabajo social se ha ocupado de la familia y de sus dinámicas de vinculación. Así en cada área donde un trabajador social se desempeñada, prioriza el tomar contacto con el entorno de la persona que lo consulta. Sea en un hospital, en una escuela, en los distintos ámbitos de la justicia, en una organización no gubernamental o en su consulta privada.
Quiero destacar las producciones relacionadas al trabajo social con familias de las valiosas colegas, Monica Chadi, de Argentina, Ximena Mendez de Chile, Àngela Quintero Velazquez, de Colombia, Sonia Martins de Brasil, Francisco Gomez Gomez de España, y el intercambio sostenedor del Grupo de Asistentes Judiciales de Colombia liderado Carmen Cuadros Restrepo y la Social Redes, espacio de intercambio profesional, que facilito desde Argentina.
En la Argentina la intervención la realiza un profesional universitario que cursa una carrera de grado de cinco años de duración, matriculado en el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social, a partir de la Ley de Libre Ejercicio Profesional 23.377. El mismo ha sido formado teórica y prácticamente para desarrollar tareas que tienden al Bienestar Social y a elevar la Calidad de Vida de las personas.
La Ley agrega además que puede realizar funciones de asesoramiento, orientación, supervisión, como así también diseñar proyectos y programas que tiendan al bienestar general de las personas.
Su rol es definido como: “educador social”. Entendiendo como tal, al profesional que a través de un proceso logra que los entrevistados reflexionen acerca de sus situaciones problemáticas y descubran por sí mismos, de que modo llegar a la resolución de las mismas.
Compartiendo con algunos autores defino a “la intervención de trabajo social con familias” como socioterapéutica.
Y respondiendo a la pregunta sobre qué es la socioterapia digo: si tomamos a la palabra terapia desde su significado etimológico la misma viene de “terapéutikos” de orígen griego, que quiere decir servicial, que cuida de algo o de alguien.
Social deriva de “socius” del latín y quiere decir compañero, que acompaña.
Socioterapeuta es entonces “quien cuida de lo social”, es el profesional que acompaña a las personas en su desarrollo humano, en la búsqueda de su bienestar y opera en contextos sociales.
La socioterapia, el trabajo social con familias es una modalidad de abordaje profesional, promocional, preventiva, educativa y asistencial, que tiende a la rehabilitación, la reinserción social de las personas y que trabaja con una concepción  de trabajo de red. (3)
El socioterapeuta brinda atención a las personas y a las familias, que presentan necesidades y conflictos de desorganización y desintegración social.
La intervención del trabajo con familias, es sustancial, acompaña el proceso de cada ser humano, pudiendo entender  muchas veces los cambios realizados, y  a su vez darse cuenta  “que somos integrantes de una dinámica familiar, formamos parte de un sistema y eso nos ubica en una cadena transgeneracional”.
De éste modo al trabajar con niños y jóvenes , el espacio de trabajo con familias, logra darle a los papás y mamás un espacio de orientación, y de acompañamiento familiar, que resulta altamente beneficioso, donde podemos atenuar algunos momentos difíciles  de sus vidas con el soporte del entorno familiar cuando es posible.
Esta intervención  da a las familias un espacio de vivencia  y reflexión, dónde todos los integrantes junto a la socioterapeuta familiar, pueden “mirarse como familia y redescubrirse”.
Muchas de las intervenciones que realizamos habitualmente en el trabajo social con familias transcurren en momentos críticos de las mismas.
         Un ejemplo de ello es cuando recibimos en la consulta a una familia donde el padre o la madre  está sin empleo o no logra autoabastecerse  con el  trabajo que desarrolla.
         Situaciones de separación conflictiva de una pareja, cuando surgen disputas relacionadas a la tenencia de los hijos, la entrega del dinero por los alimentos, los horarios de las visitas.
         Necesidad de lograr adaptarse a un nuevo país cuando se produce una migración deseada o no por la familia. 
         Familias donde el  niño no quiere concurrir a la escuela porque presenta una fobia social.
         Una pareja que no logra concretar sus trámites de adopción comenzados una y otra vez sin éxito.
         El miembro de una familia que luego de un accidente queda con una discapacidad que ya no le hace posible realizar sus tareas habituales.
         Una familia donde una de sus hijas adolecentes presenta dificultades con su alimentación. (4)
Es lícito a mí entender introducir aquí que, en sus comienzos, el ámbito de la Asistencia Social tenía alcances más acotados, “una actividad auxiliar de ayuda directa y de protección inmediata”.
Hoy en día, dados los avances en la formación profesional, con la Ley Profesional  que he mencionado anteriormente, la profesión ha conseguido su real autonomía y ha ampliado muchísimo sus incumbencias de intervención profesional. Brindando a su vez  asistencia, cuando las necesidades primarias de las personas no estén cubiertas.
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales incluye como incumbencias de intervención, la Pedagogía Social, el Tratamiento y Terapia Familiar. También agrega la Dirección de Organismos, la Organización Comunitaria y el compromiso con la Acción Social Política para influir en la Política Social y Desarrollo Económico.
“El Trabajo Social con familias es un proceso de acompañamiento promocional y educativo. Digo que es un proceso porque considero que tiene distintas fases, está en movimiento y es continuo, no concluye, ya que prosigue como desarrollo en las personas aún después de alejadas las mismas del contacto con el Trabajador Social. Es promocional ya que promueve y pone en movimiento diferentes capacidades y potencias personales, así como aspectos valiosos del ser humano. Y es educativo porque les permite a las personas incorporar conocimientos y experiencias que los conducen a modificar sus actitudes y conductas”.
Considero necesario que los espacios de atención a las personas, estén conformados por profesionales de diversas disciplinas, es decir por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, médicos, trabajadores corporales, abogados, mediadores.
Donde los mismos desarrollen su trabajo en forma integrada, es decir que cada área científica sea un complemento, de origen a estrategias conjuntas de intervención y de este modo se le dé la misma importancia a los aspectos físicos, a los psíquicos, a los sociales, a los jurídicos y al trabajo con el cuerpo.
El tiempo del encuentro entre los profesionales, para compartir dichos pareceres profesionales, es de vital importancia y muchas veces enriquece el abordaje profesional que  llevamos a cabo. Me refiero a los conocidos “Ateneos o Coloquios Científicos”. Los cuales tienen que ser implementados y sistematizados dentro del cronograma de tareas compartidas. (5)
Así como es de valioso el intercambio interdisciplinario, lo es también el encuentro entre colegas de la misma àrea, ya sea en espacios de supervisión, tan necesarios en nuestra tarea, como en el de crear redes de profesionales que desarrollen la intervención profesional en forma independiente, avalados por la Ley de Libre Ejercicio Profesional.
A partir de los libros que he escrito y de la edición on-line de la Revista ConViviendo que dirijo, recibo artículos y comunicaciones de colegas de nuestro país, de Latinoamèrica y de España que llevan a cabo el trabajo independiente  y me expresan sentirse muy aislados y con dificultad para poder compartirlo ante la ausencia de coloquios profesionales especializados en el tema.
Por lo tanto la posibilidad que nos brinda este espacio, es un valioso aporte que permite la difusión de experiencias profesionales, que pueden ser soporte  fortalecedor  para los colegas que recién se inician y un intercambio fructífero  para  los que ya llevamos años en la profesión.

(1)  Trabajo Social y Enfoque gestáltico, Reynoso y Calvo, Editado por Espacio Editorial, 2003
(2)  (4) y (5) Familia Resiliencia y Red Social, Liliana Calvo, Editado por Espacio Editorial,2009

* Licenciada Liliana Calvo
Asistente Social-Socioterapeuta Gestàltica-Mediadora Familiar
Directora del Grupo ConVivir y de la Revista ConViviendo
Integrante colaboradora del Grupo fundacional de  Trabajadores Sociales Independientes

Se autoriza la reproducción total o parcial de este texto si se menciona la fuente y la autora del mismo, que está protegido por los derechos de autor.


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Novedades 2012 de Editorial Espacio

Envejecimiento y Espacios Grupales

Políticas Públicas y Trabajo Social




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El Derecho a la Asistencia


Por Norberto Alayón.
Profesor Titular Regular de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires).
La asistencia es un derecho. Lo venimos sosteniendo y argumentando, por escrito, desde hace más de tres décadas. Toda sociedad que, por las características que adopta para su funcionamiento, primero pauperiza y excluye a buena parte de sus miembros, debe asumir maduramente su responsabilidad por el daño ocasionado y disponerse a adoptar profundas medidas reparatorias. Y debería hacerlo por la vía del derecho pleno, o bien -mientras tanto- mediante políticas sociales y asistenciales que tiendan a neutralizar el deterioro de las condiciones de vida de la población, a la par de ir creando las condiciones para contribuir a la consolidación de un orden social más justo y equitativo.
El derecho a la asistencia, no cambia la naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad. Pero sí debilita la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades inequitativas, y -a la vez- ética y estratégicamente contribuye a la reparación de los problemas sociales, en la perspectiva de ir construyendo alternativas más sólidas para un funcionamiento social más digno y más humano.
Reconocer el derecho a la asistencia implica la aceptación de que las personas a ser asistidas, básicamente carecen -por las condiciones del funcionamiento social- de posibilidades para un adecuado despliegue de sus potencialidades que, entre otras cosas, les permita satisfacer autónomamente sus necesidades. Familias sin los medios suficientes para la reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos degradados, con problemas habitacionales, de salud, de escolaridad, no pueden más que tender a repetir esas condiciones en las generaciones siguientes.

Interferir e interrumpir ese proceso social negativo, constituye una responsabilidad ética impostergable, pero -además- implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la democracia, en tanto una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con graves niveles de pobreza y exclusión.
En 1961, el médico argentino Regino López Díaz, Director Nacional de Asistencia Social, afirmaba: “Es nuestra aspiración común que este país no tenga necesidad de un organismo encargado de la asistencia social”. ¡Cómo no coincidir con esa aspiración! Pero resulta que a 51 años de haber sido formulada, todavía no sólo no se concretaron los cambios que hicieran innecesaria la asistencia, sino que se produjo un significativo aumento de la pobreza y de la desigualdad social.
También el economista sueco Gunnar Myrdal, que obtuvo el premio Nobel de Economía en 1974, manifestaba en 1968: “Mi ideal es que se lleven a cabo reformas sociales tales -en los vastos campos de la distribución del ingreso, la vivienda, salud pública, educación, el enfrentamiento de la delincuencia, etc.- que el Servicio Social se vuelva más bien innecesario o se transforme en algo muy especial, algo individualizado y especializado, mientras no sea simplemente la administración de la legislación social.” Pero esas “reformas sociales” (que también nosotros deseamos, profundas y lo antes posible) no se cristalizaron a cabalidad. Y la asistencia, entonces, continúa siendo necesaria.
Las políticas de asistencia son insuficientes, pero hay algo mucho más insuficiente aún: la ausencia de políticas de asistencia. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente el posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a recortar los recursos destinados a la acción social, desertando de esta responsabilidad estatal o bien transfiriéndola hacia modalidades voluntarias, optativas y además escasas (alejadas del derecho), a ser encaradas por sectores privados, empresariales o no.
Defender la idea de la asistencia como derecho, exige también diferenciar esta concepción de aquellas modalidades que, con lamentable frecuencia, transforman la asistencia en un recurso para la construcción de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión. Toda persona o grupo que recibe algo (por la vía del no derecho), siempre queda en deuda con el que se lo da. En ese caso, el que recibe debe a quien da. Por el contrario, los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para toda la población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación y la diferenciación social.
Comprender esta ecuación, nos debe impulsar a revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye democracia en serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada descripción que contiene aquel proverbio africano, cuando afirma que “la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da.”
Por Norberto Alayón.
Buenos Aires, Julio de 2012.

1 comentario:

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    toita koto ha uchuu station no tooii seichou no kyorikann ni tutaete mite kudasai
    kono ki no settei ni yoru jigenn no nikutai ni taisite no ki no settei ga genninn de kioku ga seichou no taikann kara hanarete simatta koto de soujinn kou sorezore no hitotati ni taisite jouki no tutaetearu ki no settei wo siste iru hitotati ga 1enn wo siharau to suru suuti wo toukei dekiru kami mo ite sekinai kami mo iru noka inai noka
    ki no settei ga toke tara uchuu senn ni tukawarete iru seibunn tono tooi kyorikann ya sihei ya kouka ni tukawarete iru seibumnn no tooi kyorikann no seichou wo tasikamete kudasai
    jouki no joutai wo sinakattarano mirai no suuji ya suuti ga ari minasann no nakano ooku no hito no siteinai suuji ya suuti ga ari sono suuji ya suuti to uchuu senn ni tukawarete iru seibunn to no kyorikann no suuti ga arimasu ki no settei wo toitara ooku no jiko no kioku no tooi kyorikann ya sennsou no kioku no tooi kyorikann ya shokuniku koujou no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
    kono jinnsei ga hajimete no hitotto no kyorikann toiuu nowo setumei suru kami ga ooku iru mitai desuga ki no settei ga toketara sono kyorikann wo tasikame imamade wakaranakatta ki no settei ga aruka douka tasikamete kudasai
    ki no settei wo toitara tokiori rial time zaisei akajikaunnta- 15 no tooi kyorikann ni tutaete mite kudasai
    kennpou no tooii kyorikann nimo tutaete mite kudasai

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