* Por Norberto Alayón
En 1977 entrevisté a Ramón Antonio Cereijo,
en el marco de la investigación que estaba realizando acerca de los
antecedentes del Trabajo Social argentino, la cual dio origen al libro
“Historia del Trabajo Social en Argentina” publicado originalmente en Lima,
Perú en 1978 y su última y quinta edición en 2007 por la editorial Espacio de
Buenos Aires.
Cereijo fue un economista porteño, nacido en
1913 y fallecido en 2003, ministro de Hacienda del presidente Juan Domingo
Perón desde 1946 hasta 1952, y administrador y apoderado de la Fundación Eva Perón. Fue, a la
vez, un hincha fanático del club Racing de Avellaneda (recuerdo su estudio
profesional con paredes recargadas de escudos, cuadros, fotografías de
jugadores, del “club de sus amores”). También, por supuesto, fue peronista.
En esa ocasión, generosamente me facilitó
diversos materiales que pude fotocopiar sobre la Fundación. Uno
de esos documentos era copia de un informe que contenía la transcripción de una
entrevista grabada que le había realizado el historiador Leandro Gutiérrez, el
13 de julio de 1972. Dicha entrevista se llevó a cabo dentro del Proyecto de
Historia Oral que el Instituto Torcuato Di Tella desarrollaba conjuntamente con
la Universidad
de Columbia.
En la documentación encontré una reveladora
referencia sobre la participación de los agentes de la acción social de esa
época, en las actividades que desplegaba la Fundación. Mencionaba
Cereijo que “una de las iniciativas más importantes de la Fundación fue la de
gestionar ante los Poderes Públicos las pensiones a la vejez, las que se
mantienen hasta el día de hoy” (se refería a 1972). Y agregaba: “Estas
pensiones se acordaron a las personas de más de 60 años y que por supuesto no
se encontraran amparadas por regímenes de previsión o que tuvieren recursos
propios. La Fundación ,
por medio de su personal de visitadoras, fue la encargada de asesorar al Ministerio de Hacienda de la Nación sobre el
otorgamiento de esos beneficios”.
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Los Trabajadores Sociales: ¿cómo nos llamamos?
por Norberto Alayón
Lic. en Trabajo Social. Profesor de la Carrera de Trabajo Social de la UBA.
El título que reciben los agentes de una
determinada profesión no expresa todo acerca de su quehacer y significado, pero
la adopción de una u otra denominación es igualmente indicativa de ciertas
orientaciones, tendencias y posicionamientos acerca de su labor, funciones y
objeto. Las denominaciones no idénticas para una misma profesión, como se
registra en el campo del Trabajo Social, dan cuenta de un proceso histórico
interesante de revisiones y redefiniciones que se fueron produciendo a partir
del cuestionamiento de sus prácticas en el abordaje de la cuestión social.
¿Cómo nos denominamos quienes representamos
a esta profesión? La profesión es ¿Servicio Social o Trabajo Social? Sus agentes son ¿asistentes sociales o
trabajadores sociales? O bien:
¿asistentes sociales y trabajadores sociales son lo mismo y cumplen las mismas
funciones en los diferentes ámbitos institucionales?
Tradicionalmente, en Argentina, las
carreras o escuelas de Asistencia Social formaron a los asistentes sociales.
Más tarde las escuelas o institutos de Servicio Social titularon trabajadores
sociales, pero también asistentes sociales. Los centros académicos
universitarios, públicos y privados, formaron asistentes sociales y trabajadores
sociales; y también licenciados en Servicio Social y licenciados en Trabajo
Social y doctores en Servicio Social y, más recientemente, en Trabajo Social.
Los centros de formación que adoptaron el
nombre de Asistencia Social, graduaron -en correlato con su denominación- a
asistentes sociales, pero no a trabajadores sociales. Los centros que
impulsaron el nombre de Servicio Social no graduaron a servidores sociales,
pero sí, indistintamente, a asistentes sociales y a trabajadores sociales. Los
centros que asumieron la denominación de Trabajo Social graduaron
exclusivamente a trabajadores sociales.
Actualmente, en la gran mayoría de las
universidades públicas se ha adoptado el término Trabajo Social para denominar
la carrera. No obstante, por ejemplo, hay casos como el de la Universidad
Nacional del Comahue, en donde en sus dos sedes (General Roca, Río Negro y
Neuquén) se cursa la Licenciatura en Servicio Social, dependiente de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. O en la Universidad Nacional de Mar del
Plata donde también se cursa una Licenciatura en Servicio Social, con la
particularidad además de que dicha licenciatura depende de la Facultad de
Ciencias de la Salud y Servicio Social.
Por su parte, universidades privadas como
la del Museo Social Argentino, del Salvador, John F. Kennedy, Morón, mantienen
la denominación de Servicio Social, al igual que otras carreras de carácter
terciario que dependen de obispados y ministerios provinciales.
En el espacio de la formación profesional,
además de esta diversidad de denominaciones y títulos, se registran distintas
estructuras académicas (Carreras, Departamentos, Institutos, Facultades) y
también variadas dependencias funcionales (de universidades, ministerios,
obispados). Particularmente en las instituciones de carácter público, la
denominación de Trabajo Social y trabajador social ha venido ganando
preponderancia en relación a la de Servicio Social y a la de asistente social.
Asimismo, cabe mencionar que existe una
Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), aunque
no todos los centros de formación integran esta Federación de carácter
nacional.
En cuanto a las organizaciones de carácter
gremial, observamos que las denominaciones que asumen quienes integran la
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS),
la cual adoptó para sí el término “Servicio Social”, expresan -a la vez- esta
heterogeneidad.
En principio, resulta ilustrativo señalar
que de las 24 organizaciones regionales que componen la FAAPSS se reconocen
como Consejos: 5 (CABA, Formosa, La Pampa, La Rioja y Santa Cruz); como
Asociación: una (Mendoza); y las 18 restantes como Colegios.
Las denominaciones puntuales que adoptan
dichas organizaciones son las siguientes:
Servicio Social o Trabajo Social: 4 (CABA,
Salta, Tierra del Fuego y Tucumán).
Servicio Social: 7 (Chaco, Córdoba, Jujuy,
Misiones, Neuquén, San Juan y San Luis).
Trabajo Social: 4 (Chubut, Santa Cruz,
Santa Fe-2ª Circunscripción y Santiago del Estero).
Asistentes Sociales o Trabajadores
Sociales: 1 (Provincia de Buenos Aires).
Asistentes Sociales: 7 (Catamarca, Entre
Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe-1ª Circunscripción).
Trabajadores Sociales: 1 (Mendoza)
A esto debe agregarse el caso de la
profesión en la provincia de Corrientes, donde en noviembre de 2012 se aprobó
una ley que crea el Colegio de Trabajadores Sociales provincial. Podría
añadirse también, seguramente entre otros tantos casos, la existencia en la
ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires de la Agrupación de Profesionales
en Trabajo Social de Lincoln (APTSOL).
De vieja data (de la década de los 60 del
siglo pasado) es la tensión y disputa por la denominación que debía asumir esta
profesión y sus profesionales. El tiempo y una mayor y mejor objetivación de
cierta esterilidad que generaban estas divergencias sobre aspectos tal vez
secundarios, fueron acercando las posiciones y licuando las diferencias
formales.
No obstante, en esas épocas, detrás de las
discrepancias y desacuerdos (por sobre la banalidad de algunas argumentaciones)
existió un fuerte conflicto y debate por la función, los objetivos, los
aspectos metodológicos, que habrían de caracterizar a la profesión según las
diversas posiciones. Cabe destacar que, en la actualidad, han perdido vigencia
las discusiones conceptuales por la pertinencia de unas u otras denominaciones,
pero no la capacidad de autorreflexión y revisión de su práctica en el interior
de la profesión.
Como anécdota personal, recuerdo que hacia
1966 o 1967 quise afiliarme al Colegio de Asistentes Sociales que funcionaba en
la ciudad de Buenos Aires, pero no fui admitido porque mi título era de
trabajador social y dicha asociación sólo aceptada en su seno a los graduados
con título de asistente social.
En abril-mayo de 1966, la Editorial ECRO de
Buenos Aires publicó el número 7 de su revista “Hoy en el Servicio Social”. El
editorial de dicha revista, firmado por el colega Alberto Dufour, se tituló
“Asistentes y/o Trabajadores Sociales”, y en el mismo se despliegan diversas
consideraciones y argumentaciones acerca de esta controversia que mantenían los
profesionales de esa época. Dicha Revista, cuyo primer número data de diciembre
1964/enero 1965, mantuvo la denominación de Servicio Social hasta su número
19-20 de enero/marzo de 1971. A partir del número 21 (de julio de 1971) pasa a
llamarse “Hoy en el Trabajo Social”, hasta el número 34 (el último), de
diciembre de 1977.
Por su parte, la Editorial Hvmanitas
también de Buenos Aires, publicó desde marzo de 1968 la revista “Selecciones
del Social Work”, la cual pasó a denominarse “Selecciones de Servicio Social” a
partir de su número 9, de marzo de 1970, manteniendo el mismo nombre hasta el
número 36 (el último que se publicó), correspondiente al tercer cuatrimestre de
1978.
En el ámbito latinoamericano, en el año
1965 se fundó en Lima, Perú la Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Servicio Social (ALAESS), la cual en 1977 en Santiago de los Caballeros,
República Dominicana adoptó el término Trabajo Social y pasó a denominarse
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS). Finalmente,
esta misma organización volvió a cambiar de nombre, en Santiago de Chile en el
año 2006, transformándose en la actual Asociación Latinoamericana de Enseñanza
e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS).
En el espacio de las instituciones, suele
predominar -aún hoy- la denominación de Servicio Social, por sobre la de
Asistencia Social o Trabajo Social. En la invocación de la mayoría de la
población, el nombre que prevalece es el de asistente social y no el de
trabajador social. Inclusive todavía, en ocasiones, se hace referencia a este
profesional como a “la Visitadora Social”. En los hospitales, en los
tribunales, en las escuelas, en las municipalidades, existen -y como tal son
claramente reconocidas e identificadas- la “oficina de Servicio Social”, o el
“área de Servicio Social”, o directamente “el Servicio Social”. Son frecuentes
las expresiones que se emplean en las instituciones, referidas -por ejemplo- a
que “tiene que pasar primero por el Servicio Social”, o vaya a “la oficina de
Servicio Social”.
En las normativas institucionales, en los
llamados a concursos, en los formularios administrativos, con frecuencia se
menciona la categoría “asistente social” y no “trabajador social”. Los
profesionales de otras disciplinas, en particular los menos jóvenes, también
suelen hacer referencia a la asistente social, aunque ello va tendiendo a ser
modificado básicamente a partir de las nuevas generaciones.
Recientemente una alumna (Janina Nieto), de
los primeros años de la Carrera de Trabajo Social de la UBA, me narró un
episodio sumamente interesante. Conversando con una médica de un hospital de
una Obra Social Sindical de la ciudad de Buenos Aires, ésta le pregunta qué
estudiaba, y la alumna le contesta “Trabajo Social”. La médica le responde
“asistente social” y Janina le vuelve a contestar “no, trabajadora
social”, ante lo cual la médica la mira
con grandes ojos de asombro y le dice "en el hospital donde yo trabajo las
trabajadoras sociales son las prostitutas, porque cuando a ellas se les
pregunta de qué trabajan, dicen "somos trabajadoras sociales". Mi
alumna entonces me comenta, con cierta perplejidad: “la verdad sólo pensé y
respondí que tendremos que buscar otro nombre; con ese estamos complicados...”.
La diversidad de denominaciones, ¿conspira
contra una adecuada identificación y reconocimiento de nuestra profesión y de
nosotros mismos como profesionales? Por cierto, hay que admitir que no es común
que una misma profesión y sus agentes específicos tengan dos nombres: asistente
social y trabajador social; y Servicio Social y Trabajo Social.
Probablemente para entender mejor las
características y funciones de esta profesión resultará útil reconocer que el
Trabajo Social termina siendo -en definitiva- lo que los trabajadores sociales
o asistentes sociales hacemos concretamente en nuestras prácticas. Será
importante también reparar en cómo “nos ve y cómo nos caracteriza y define” la
sociedad y en particular los sectores sociales con los cuales trabajamos
directamente, cotejando a la vez con nuestra propia percepción acerca de lo que
es o debería ser la profesión.
Aspiramos a que estas breves
consideraciones, de carácter general, puedan conducirnos a revisitar los
procesos de institucionalización de la profesión, las diversas denominaciones
en el transcurso de su historia, cómo se nos ubica y reconoce socialmente, cómo
nos posicionamos y definimos nosotros mismos, y tal vez -también- puedan
contribuir a reflexionar sobre nuestra propia identidad y función, en esta
segunda década del siglo XXI.
Lic. Norberto Alayón
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Sorteo de Libros de Junio
L@s colegas favorecid@s por el sorteo de libros del mes de Junio son:
* Sandra Vergara, mat. 0234, de Santo Tomé.
* Marta Rivero, mat. 0343, de El Trébol.
Los sorteos de los libros se realizan según los dos primeros números de la Quiniela Nacional Nocturna del primer viernes de cada mes. Se toman en cuenta sólo los colegas matriculados con la cuota al día. En la sede del Colegio se encuentra a disposición un catálogo para la elección de los mismos. El plazo para retirar los libros es de 30 días, a partir de la fecha de sorteo, para los ganadores de la ciudad de Santa Fe y 60 días para l@s colegid@s del interior de la provincia.
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Es tiempo de desmanicomialización
Por Mariano Laufer Cabrera *
Pienso en qué (no) se piensa al decidir
avasallar derechos humanos en un hospital, enviando Infantería a disparar y
gasear usuarios de salud mental. Pienso en qué (no) se piensa al suministrar
violencia a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Finalmente pienso
en que
NO se piensa, sino que se arrasan vidas. Esto, no sólo con la
perpetuación del sistema manicomial, sino ahora también con la acción directa
contra los cuerpos. Desde la Unidad de Letrados art. 22, ley 26.657, que se
creó en la Defensoría General de la Nación, por orden de la Dra. Stella Maris Martínez,
y gracias a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, se intervino en los hechos
desde el comienzo, asistiendo a nuestros defendidos, interponiendo un hábeas
corpus colectivo preventivo y correctivo ante la Justicia penal, aún vigente,
para cesar la intervención de la Metropolitana e impedir la reiteración de los
hechos. Depende de todos que esto no quede impune y que la voz de los usuarios
sea escuchada y se traduzca en el juicio y castigo a los (i)rresponsables.
Nunca más.
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional hizo lugar a nuestro pedido y le ordenó al jefe de Gobierno,
Mauricio Macri, y a su ministra de Salud, Graciela Reybaud, que adopten “las
medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad psicofísica y la
seguridad de las personas internadas en el hospital Borda” y, a la vez, también
le ordenó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que debe “evitar
reiterar por parte de la Policía Metropolitana un accionar similar al
acontecido el 26 de abril”. Estas intimaciones de la Justicia penal tienen
efecto además hacia el futuro, pues constituyen garantías de no repetición, según
estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A la vez, otras acciones continúan
desarrollándose ante los juzgados civiles, que tienen a su cargo el control de
las internaciones involuntarias, y ante los juzgados penales, en los que la
Defensoría ya ha presentado dos denuncias por usuarios heridos. Uno de nuestros
defendidos, víctima de 21 balazos de goma, refleja la vulneración de los
vulnerables, la ausencia de las políticas de salud mental de la CABA y la
contradicción en el ahínco que se ejerce en defender bienes materiales por
sobre dignidades y vidas.
La movilización en repudio de la represión
y las acciones judiciales interpuestas para paliar los terribles efectos que
dicha situación ha provocado –y seguirá provocando en la salud mental de los
afectados directos– no debe hacernos perder de vista que debemos, una vez más, reclamar
el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (y su
reglamentación urgente) y la ley local 448, en el ámbito de esta Ciudad y, para
ello, deben ejecutarse las políticas públicas necesarias para avanzar
sostenidamente en la desmanicomialización. Este es el límite que debemos
sostener frente a reacciones violentas y, al mismo tiempo, el piso que debemos
defender todos los actores para que se materialicen derechos que ya son ley.
Según el análisis relevado por la Comisión
de Salud Mental de la Legislatura, el presupuesto del área se dedicó, en 2012,
en un 88 por ciento a sostener las grandes instituciones manicomiales y sólo el
12 a financiar dispositivos comunitarios que propendan a la reintegración social.
Esto, a todas luces, contradice los principios de la salud mental comunitaria,
que obliga al Estado a no profundizar la segregación de las personas en centros
de encierro y a revertir la histórica discriminación.
En este año, cuando se desarrolla la
Campaña Nacional contra la Tortura, impulsada por la DGN, debe servirnos como
alerta lo dictaminado recientemente por el relator de Naciones Unidas contra la
Tortura, que acaba de exhortar a todos los Estados a “sustituir el tratamiento
y el internamiento forzosos por servicios en la comunidad (...) haciendo hincapié
en otras opciones distintas al modelo médico de salud mental”.
Prueba de que la cultura manicomial sigue
vigente es que la Unidad de Letrados ha debido intervenir, hasta este momento,
en más de 3900 defensas de personas internadas involuntariamente, a razón de
casi 200 nuevas internaciones por mes. Afortunadamente, de ese total, y con
muchísimo esfuerzo dada la ausencia local de alternativas, más del 70 por
ciento ha sido externado, derivado a dispositivos comunitarios menos
restrictivos o aceptado la internación voluntariamente.
Depende de todos que la voz de los usuarios
sea escuchada y se traduzca en la sanción de los responsables y, al mismo
tiempo, que este consenso alcanzado nos interpele a exigir, con la misma
convicción, la implementación de políticas públicas concretas que permitan a
los usuarios de salud mental salir del abandono y transformarse en sujetos de
derechos que vivan y cuiden su salud integrados en la comunidad. Nunca hay
razones atendibles para ejercer la discriminación, la exclusión y la
perpetuación del estigma. Nunca más.
* Abogado, coordinador de la Unidad de
Letrados art. 22, ley 26.657, de la Defensoría General de la Nación.
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Sorteo de Libros
*
Griselda Mogentale, matrícula 0284, de Santa Fe.
*
Irene De Ponti, matrícula 0634, de Rafaela.
Los sorteos de los libros se realizan según
los dos primeros números de la Quiniela Nacional Nocturna del primer viernes de
cada mes. Se toman en cuenta sólo los colegas matriculados con la cuota al día.
En la sede del Colegio se encuentra a disposición un catálogo para la elección
de los mismos. El plazo para retirar los libros es de 30 días, a partir de la
fecha de sorteo, para los ganadores de la ciudad de Santa Fe y 60 días para l@s
colegid@s del interior de la provincia.
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Beneficios de Biblioteca
Estimad@s colegas:
Les recordamos que por estar al día con la cuota
matricular el CPAS les brinda un doble beneficio: sorteo de dos libros por mes y
un 20% de descuento en la venta de libros.
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Aportes sobre el rol del trabajador social en la problemática del alivio de la pobreza
Esta semana les presentamos los trabajos recibidos luego de la convocatoria anunciada por el CPAS para realizar aportes al documento encarado desde la FITS. Luego de evaluados estos aportes, se procederá a la confección de un escrito final que será remitido a la Federación Internacional de Trabajo Social.
Les recordamos que dicho documento viene
recibiendo colaboraciones de todos los países que conforman la FITS, y el
pronunciamiento final se realizará en Salvador Bahía (Brasil) en agosto del
presente año.
Por último, el Directorio del Colegio desea expresar su profundo agradecimiento a l@s colegas que realizaron sus aportes.
Reproducción social, pobreza, vulnerabilidad y exclusión social: reflexiones teórico-metodológicas
Reproducción social, pobreza, vulnerabilidad y exclusión social: reflexiones teórico-metodológicas
Por Lic. Maricel Salera
Como se sabe, los modos de pensamiento remiten a múltiples definiciones respecto de a lo que se entiende como pensar. Epistemológicamente esto significa una apuesta político-teórica a la utilización de categorías que no son neutras, sino que funcionan como estructuras estructurantes, y que se
dan en procesos de anclajes históricos concretos, como expresiones en tanto corte de la realidad en un momento determinado.
Por lo tanto, cuando se Hablan las categorías se hacen desde un posicionamiento que dice mucho más que lo categorial en sí mismo. Esta breve introducción, permite ubicarnos en que no es lo mismo hablar de pobreza que de exclusión, y por lo tanto en la consigna del trabajo ya se pre-supone que la exclusión como categoría ha permitido ampliar el horizonte político-teórico sobre el pensar la pobreza como una categoría que en sí misma, no permite dar cuenta de los procesos sociales que generan las situaciones de exclusión.
Se considera conveniente reemplazar la idea de pobreza por la de exclusión, para que esta última aporte a la reconfiguración de la primera en términos de relaciones sociales democráticas. Hablar de exclusión nos remite necesariamente a la cuestión del poder, es decir, que la exclusión implica fenómenos de dominación donde, por el tipo de relaciones económicas, políticas, culturales, sociales, se “excluye” a un sector de la población.
La exclusión como categoría alternativa y complejizadora de la noción de pobreza es central debido a que la primera hace referencia a la acumulación de desventajas. El sujeto excluido no es solo aquel que no participa directamente en la posesión y distribución de bienes sino que su propia posición social lo limita fuertemente en la participación de las disputas por la distribución del capital en sus diferentes formas (económicas, culturales, políticas).
La idea de exclusión permite analizar y complejizar la mirada de pobreza en términos de trayectorias históricas como sector en relación al ejercicio de los derechos, fundamentalmente los sociales, Por lo tanto, la exclusión abarca pero trasciende la noción de pobreza centrada en el ingreso, el gasto y el consumo para subrayar la dimensión política de la cuestión.
La exclusión no es un concepto estático, sino dinámico, implicando un interjuego complejo entre espacios de la vida política, económica, social y cultural. Así, “situaciones de inclusión parcial en una u otra esfera implican riesgo y vulnerabilidad. El estar excluido en una esfera no implica necesariamente el estarlo en las otras” (Minujin, A, 1988:175)
El aporte central que la categoría exclusión a aportado a los estudios de pobreza, significa no centrar la mirada en los aspectos vinculados a la posesión o no de bienes materiales, sino fundamentalmente la portación de capital social, cultural y simbólico que construye o no trayectorias de inclusión-exclusión.
Los estudios de pobreza están más centrados en la dimensión socio-económica promoviendo teorizaciones acotadas pero también modos de relación social en las que crecen los patronatos sociales. Esta mirada estática de la situación de los sujetos trabaja sobre las carencias y no las capacidades (en términos de Senn: “la pobreza en cambio, hace referencia a las capacidades, y más específicamente a las limitaciones o carencias de la “bolsa” de capacidades de los hogares” Saravi, G 24).
Desde una perspectiva socio-histórica, y ubicando el análisis de estas líneas en la realidad Latinoamericana, podemos afirmar que la categoría exclusión da cuenta y permite entender la complejidad y polifonía de las realidades sociales de este Continente. Si bien desde los primeros desarrollos teóricos la exclusión comenzó a Hablarse en Europa, vinculada al fin de la sociedad salarial, y como matriz que permitía entender y abordar la problemática de la integración (cuestión central de la Modernidad), tomado desde las realidades latinoamericanas nos permite poder poner en cuestión, ya sea en términos de ventajas o desventajas de los grupo vulnerables, las formas y mecanismos de integración que se construyeron en América Latina. La exclusión en este continente, es el resultado de una serie de desventajas en la relación individuo-sociedad, que no sólo incorpora la ubicación de los mismos en el mercado laboral, sino el lugar histórico que los mismos han tenido en los procesos políticos (con el corte en algunos períodos históricos), de la vieja contradicción civilización-barbarie. Esta contradicción fue construida desde no sólo lo económico, sino fundamentalmente lo cultural, lo simbólico y lo político.
Por último, y desde la especificidad de Trabajo Social, los aportes centrales que el concepto exclusión realizó a los estudios de pobreza, se entiende desde su “utilidad metodológica” en el diseño de las políticas públicas, y por ende, el desarrollo de estrategias de intervención para el abordaje de la cuestión social.
La idea de pensar en trayectorias sociales que al no ser atendidas pueden llevar (como tipo ideal) a la desafiliación, el trabajar desde la dimensión política de la problemática, como el no ejercicio de derechos que los ciudadanos portan desde su propia condición como tal, y por ende, no sólo poner la mirada en las carencias de aspectos materiales para la satisfacción de necesidades, ubica al concepto exclusión en una herramienta para el diseño de políticas, que trabaje desde la perspectiva de los sujetos no como carentes, sino desde su dimensión política, social, histórica, cultural.
La CEPAL, en su documento “Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe”, se pronuncia a favor de un contrato de cohesión social garantizado por el Estado, con políticas que superen el carácter circunstancial que rodea la idea de pobreza, más allá de las contingencias que los sujetos atraviesan.
Concluyendo, estas expresiones de la CEPAL (y el desarrollo antes planteado), son la síntesis de las tendencias que implican un reemplazo conceptual (exclusión por sobre pobreza), perspectiva epistemológica que significa un fuerte impacto en términos de aportes a la transformación de la vida cotidiana de los sujetos., ya que la exclusión introduce la cuestión del poder, aportando a procesos sociales de integración no desde un lugar de patronato social sino desde procesos emancipatorios, que den respuesta a cada realidad histórico-social de nuestro continente.
Lic. Maricel Salera
· Castel, Robert (2000) "Las trampas de la exclusión". En “Pobres, Pobreza y Exclusión Social” compilado y editado por Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET (CEIL).
· Minujin, Alberto (1998) "Vulnerabilidad y exclusión en América Latina", en Eduardo Bustelo y Alberto Minujin (editores) Todos entran, propuesta para sociedades incluyentes. Unicef/Santillana.
· Saraví, Gonzalo (2007) “Nuevas realidades y nuevos enfoques: exclusión social en América Latina”. En Saraví, Gonzalo (editor) De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina. CIESAS, México
· Fabre, Miguel (2000) “Consideraciones en torno al concepto de exclusión social”. En Acciones e investigaciones sociales, Nº 11. Universidad de Zaragoza: Escuela Universitaria de Estudios Sociales.
· Salama, Pierre y Bandine Destremau (2001) Medidas de la pobreza desmedida. LOM Editores, Santiago de Chile. Cap 4 Pobreza y Exclusión. Punto 3: La exclusión y el problema de los vínculos sociales.
Aportes al estudio de pobreza - exclusión
El término exclusión refiere a una degradación de una situación con respecto a su estado anterior y su aplicación se asocia más profundamente a las consecuencias de la globalización y el neoliberalismo en los sistemas de bienestar y del mercado de trabajo. Sin embargo, se usa indiscriminadamente para designar situaciones diversas distorsionando su sentido. Una misma situación es concebida como exclusión en sí misma sin analizar la trayectoria histórica y social de su construcción. Por eso, es necesario dar autonomía a cada situación considerada injusta o que produce exclusión y analizar cuáles fueron los rasgos constitutivos y cuál fue su trayectoria. Esto implica no considerar la situación como un efecto residual y atemporal, pero sí histórica y multidimensional.
La dimensión de la
distribución - redistribuciones de bienes, ingresos y servicios, el
develamiento de los procesos acumulativos de desventajas, deben estar presente
en todo análisis de exclusión - inclusión, como así también en qué perspectivas
epistemológicas se definen las problemáticas sociales y las propuestas de
resolución. Asimismo, no puede estar ausente el concepto de cuestión social,
concebida como las manifestaciones de desigualdades económicos,
culturales, políticas, ideológicas. Dichas manifestaciones dan cuenta de la
dinámica histórica y expresan contradicciones, disyuntivas y antagonismos del
sistema capitalista y hegemónico.
En este marco, el eje
trabajo continua siendo central en el análisis de la exclusión ya que
incide tanto en las condiciones
materiales de vida (vivienda, educación, salud, seguridad social), pero también
en el de crecimiento personal, de relaciones sociales (de vínculos), de solidaridad,
de pertenencia, de reconocimiento personal, de participación ciudadana.
Hablar de exclusión nos
lleva inevitablemente a hablar de pobreza, entendida como condiciones de vida
“insoportables”, no solo desde la perspectiva material (alimentación, vivienda,
salud) sino también políticas, ideológicas, culturales , educativas,
religiosas, raciales. Sin embargo, en general los aspectos materiales
cuantificables son los utilizados metodológicamente para medir la calidad o
niveles de vida de la población. Dentro de esta acepción, los indicadores tienen
que ver con el consumo de bienes y el ingreso disponible para satisfacer esas
necesidades y mantener un nivel de vida. De esta manera, no se incluye otro
tipo de libertades para desarrollar o utilizar capacidades en pos de la
satisfacción de necesidades: la posibilidad de participar, de elegir desde sus
propias perspectivas y necesidades, no desde las propuestas de otros (ejemplo:
un presupuesto participativo donde un ejecutivo propone elegir entre tres obras
dispuestas y diseñadas por ellos y no surgidas desde las propuestas de la
población involucrada).
El análisis del carácter
procesual, multidimensional y preventivo
de la exclusión implica:
- Entender a la
exclusión como la resultante un proceso de acumulación de desventajas y de
acumulación del capital, y que dichas desigualdades tienden a
profundizarse cuando se enlazan con desigualdades previas y locales o
regionales. Esas desigualdades afectan directamente el ejercicio de
derechos especialmente los derechos sociales.
- El diseño de políticas
que aborden la pobreza debe realizarse desde perspectivas ideológicas que
consideren la universalización de beneficios, se propongan revertir la
precarización e inestabilidad en el mercado de trabajo, revertir la
estigmatización de espacios urbanos e incluir las nuevas dinámicas de
organización familiar.
- Las políticas de
inserción tendrán que ver con la movilización de nuevas tecnologías
profesionales, diferentes métodos de acción social pero que garanticen una
intervención que se adapte a las situaciones emergentes, construidas
históricamente. Todo esto en un marco de definiciones políticas,
ideológicas y epistemológicas.
Lic. Patricia Chialvo
Reproducción social, pobreza, vulnerabilidad y exclusión social
Para analizar críticamente
el concepto de exclusión es necesario remontarse al contexto que dio
surgimiento a nuevos modos de nombrar y es en estas sociedades de la nueva
modernidad en que el término exclusión tiende a sustituir al de pobreza en un
intento de describir mejor la metamorfosis sufrida por la cuestión social como señala
Castel, donde los emergentes procesos impiden la integración social de un número
de colectivos sociales, donde la cuestión ya no pasa solo por una cuestión de
desigualdad económica sino que van aflorando otras amenazas e impedimentos para
el ejercicio pleno de ciudadanía.
El concepto de exclusión
social aparece como un concepto dinámico
y más amplio que el de pobreza, supera la visión economicista y material del
fenómeno de la pobreza y la desventaja social y se comienza abordar desde una
perspectiva multifactorial y multidimensional, que intenta abarcar a otros
muchos términos, como marginación,
precariedad, lo que hace más difícil poder caracterizarlo, conceptualizarlo
y mucho más medirlo.
Es decir, mientras la
pobreza se restringe a una sola dimensión, a la carencia económica, es decir carencias materiales en
las personas y colectivos marginados, la exclusión social incluye los procesos
que generan esa situación en personas y colectivos, y los factores y dinámicas
que los acompañan en un contexto específico, por lo tanto el concepto se
encuentra ligado a la ruptura del vínculo social derivado de una falta de
participación social.
Exclusión remite a ciudadanía
en la medida en que ese status de ciudadano permita el poder acceder a los derechos civiles, políticos y sociales otorgando
así un derecho a la participación e igualdad.
En este sentido, el
concepto de exclusión en el análisis social supone a mi entender un importante
avance en la síntesis de las diferentes teorías y perspectivas de análisis,
aunando la dimensión económica (pobreza), cultural (marginación, desviación),
política (ciudadanía), social (aislamiento, segregación), así como la dinámica
del empleo (precarización) pero la dificultad radica en la capacidad de los
estados para establecer y mantener políticas redistributivas, preventivas de
suficiente alcance ya que la
implementación de políticas sociales dirigidas a superar las situaciones
de pobreza y exclusión social, se han desarrollado a lo largo de los tiempos desde
la caridad, el asistencialismo o la beneficencia o el reconocimiento
parcial de derechos sociales.
Las
políticas sociales se convertirán en estrategias de superación cuando más allá
de sus objetivos económicos y políticos, tengan un alcance humano, integrando
las necesidades sociales y promoviendo el desarrollo, como alternativas de
solución a las contradicciones sociales, no disponiendo de recursos que entregar
sino medios de acceso a estos promoviendo no la solución de los problemas sino
que los mismos actores puedan
reflexionar para tomar decisiones y ejecutarlas en relación con la vida
personal y social.
El punto en común de la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social es que son problemas sociales
complejos y multicausales que afectan el bienestar, ya sea individual o de
grupos sociales, mientras que su diferencia radica en que la pobreza trata de
identificar a la persona o grupos pobres con respecto a unas dimensiones
–puntualizando sobre dicho segmento social– mientras que la desigualdad,
pudiendo tener en cuenta las mismas dimensiones, incluye a toda la sociedad.
Considero que la diferencia
entre pobreza y la exclusión en términos de políticas sociales radica en que en
esta última la superación de la exclusión implica redefinición de las
relaciones de poder y esa redefinición nos permitirá estar observando la
estructura de oportunidades que se nos presenta a lo sujetos sociales.
María Ester Reina
Proyecto de documento de política sobre el alivio de la pobreza y el papel de los Trabajadores Sociales
Introducción
Como
integrantes de la Secretaria de Jóvenes del Colegio de Asistentes Sociales de
la Provincia de Santa Fe, consideramos necesario conceptualizar nuestra visión
acerca de la pobreza a fin de poder situarnos teórica, epistemológica, ética y
políticamente al momento de pensar una política sobre el alivio de la pobreza y
el papel de los Trabajadores Sociales en la misma.
Pensar la
pobreza en término exclusivamente económico sería aplicar una mirada
reduccionista a una problemática de mucha mayor complejidad, como es la que
reviste el término “pobreza”.
De esta manera
creemos en primera instancia la necesidad de pensarla en todas sus esferas;
social, económica, cultural.
Es necesario
pensarla en términos de Derechos Humanos, en las posibilidades concretas de
vida de los sujetos, en sus posibilidades de acceso y ejercicio del derecho a
poseer una vivienda digna, al acceso a la educación, al trabajo, a la salud, al
agua potable, etc.
Así podríamos
situar nuestro rol profesional cuyo umbral de intervención se sitúe en los
Derechos Humanos, a los cuales los ciudadanos deben acceder equitativamente, a
través de políticas destinadas a aliviar
la pobreza en nuestro país.
Conceptualización sobre el término Pobreza
Si
tuviéramos que definir a la pobreza, podríamos consensuar, que la misma se
trata de un fenómeno complejo y multidimensional. Hablar de pobreza hoy en día significa
aproximarse a una compleja realidad, no solamente relacionada a los aspectos
económicos, sino también, abarcando aspectos como la precariedad laboral, el
acceso a una vivienda digna, la salud, entre otros.
Planteamos
concebir a la pobreza desde tres tópicos relacionales:
· Pobreza – Desigualdad: Partiendo de que la pobreza es un fenómeno social, relacionado a la
estructura y en la dinámica social, podemos pensar en su estrecha relación con
los efectos socioeconómicos del crecimiento, las políticas públicas para
enfrentar la misma y la búsqueda de
alternativas de crecimiento económico.
Podemos consensuar en que cuanto más desigual se
distribuya el ingreso en la sociedad, mayor será la desigualdad. Esto plantea
la necesidad de nuevas transformaciones en las relaciones entre sociedad,
Estado y economía. Estamos convencidas de que el Estado debería promover
procesos de integración social eliminando las barreras sociales, impulsando una
cultura de solidaridad, co-constuyendo
un sistema de actores sociales, donde los más excluidos puedan
transformar sus necesidades en demandas, las cuales se expresen en la toma de decisiones en la esfera
política.
Relacionado a ello, aparece la importancia del
Capital Social para promover mejoras en las condiciones de vida, influyendo de
manera positiva en la promoción de mayores niveles de participación y
protagonismo en la solución de sus problemas.
· Pobreza - Desafiliación -
Vulnerabilidad: Cuando
hablamos de exclusión, debemos saber que la misma implica una imposibilidad de
participación en la vida socio económica, político y cultural de nuestra
sociedad, debido, no solo a la carencia material y económica, si no y sobre
todo, a la carencia de derechos, a la
imposibilidad de acceder a los mismos; es por ello que Robert Castel plantea el
concepto de desafiliación a fin de no posicionar a los sujetos en una situación
inamovible como es el de la exclusión. Para el autor la desafiliación se
presenta como la debilidad de los soportes del individuo moderno, el cual está
fuertemente relacionado con el lugar que tiene el sujeto en la división del
trabajo y de las redes de sociabilidad, perdiendo el lugar fijo y estanco que
proporciona el concepto de exclusión. De esta manera le proporciona un sentido
dinámico a la reconstrucción de los soportes del sujeto moderno.
Podemos pensar también, que la pobreza, puede
tomarse como un factor importante de vulnerabilidad social que puede conducir a
las personas hacia una situación de desafiliación social.
· Pobreza – Ciudadanía: Con este tópico pretendemos problematizar la visión de la pobreza
estableciendo vínculos con la ciudadanía.
La ciudadanía hace referencia al pleno ejercicio de
esos derechos ciudadanos que deben ser concedidos y garantizados por el Estado.
Marshall es quien propone, complejizar la mirada, y no solamente referirnos a los derechos
sociales, sino también de obligaciones que los sujetos contraen como miembros
de la sociedad. Argumentación a la que él refiere como ciudadanía social.
Problematizando este planteo, podemos decir que la
ciudadanía social nos remite sin duda a las políticas sociales, pero no sólo
consideradas como instrumentos del Estado sino también como resultado de
iniciativas de la sociedad civil.
La pobreza y las poblaciones vulnerables
No todas
las personas en situación de pobreza la
experimentan de la misma manera, no son igualmente vulnerables a ella, o no
tienen las mismas posibilidades de superarla, presentándose una importante
heterogeneidad de la vivencia, causas y consecuencias de la pobreza, según
edad, sexo, pertenencia étnica y ubicación rural-urbana. Esto nos conduce a
desarrollar una conceptualización de la pobreza desde perspectivas específicas
como son el género, la pobreza infantil, y la desigualdad de los diversos
grupos étnicos.
Consideramos
que analizar la pobreza desde una perspectiva de género, es decir, un enfoque
que recoja la desigualdad existente entre hombres y mujeres y la discriminación
que afecta a estas últimas es crucial para entender las razones por las que las
personas son más proclives a vivir en condición de pobreza, a la vez que
encuentran mayores o menores dificultades para superarla.
La
feminización de la pobreza combina dos fenómenos moralmente inaceptables:
pobreza y desigualdades basadas en el género. Por consiguiente, merece especial
atención por parte de los encargados de formular políticas al determinar la
asignación de recursos para medidas a favor de la equidad de género o de lucha
contra la pobreza. Si la pobreza no se feminiza, los recursos pueden ser
redirigidos a otros tipos de políticas.
Ciertamente,
si la feminización de la pobreza ocurre o no en cada país es una cuestión de
análisis empírico.
Proponemos
una definición de feminización de la pobreza que considera el fenómeno como un
cambio en los niveles de pobreza con una tendencia en contra de las mujeres o
los hogares a cargo de mujeres.
Esta
definición proporciona una herramienta sencilla pero efectiva para analizar las
políticas, un ejemplo a considerar seria la AUH en Argentina.
Por su
parte para comprender la pobreza que vivencian niños, niñas y adolescentes necesita
de un doble análisis que involucre tanto las privaciones materiales (como la
falta o imposibilidad de acceso a los servicios y bienes públicos que afectan
directamente el ejercicio de los derechos de la población infantil, lo cual se
acrecienta aún mas en las población rurales) como la insuficiencia de los
ingresos familiares para satisfacer las necesidades básicas de los integrantes
del grupo familiar.
De esta
manera consideramos a la pobreza infantil en términos de acceso y ejercicio a
los derechos, por lo tanto cada derecho de niños y niñas vulnerado coloca a la
niñez y adolescencia en situación de riesgo social.
El concepto
de pobreza infantil destaca la naturaleza multidimensional del fenómeno, además
de las privaciones materiales, el acceso a los servicios básicos y factores
vinculados a la exclusión de niños, niñas y adolescentes que afectan su
desarrollo psicosocial.
Asimismo los
pueblos indígenas están particularmente en riesgo de pobreza, a menudo carecen
de una voz dentro de los países donde residen. Permanecen invisibilizados en
las grandes zonas urbanas o segregados en barrios alejados; sufren a menudo un
alto nivel de desempleo que contribuye a su pobreza extrema en los países en
desarrollo o la pobreza relativa en los países más desarrollados. Creemos que
las poblaciones indígenas se encuentran entre otros Derechos, fundamentalmente con el Derecho al Hábitat
vulnerado, considerándolo al mismo como el espacio en el que desarrollan su
vida y materialización física, como resultado de un complejo proceso social.
Aportes del Trabajo Social en las políticas sobre el alivio de la pobreza
La
participación, la autosuficiencia, la sostenibilidad y la autonomía son los
principios clave para la superación de la pobreza.
Las políticas sociales orientadas a los sectores vulnerables, deben poner
el acento en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
La ciudadanía social constituye, a nuestro modo de ver, un vínculo de
integración social que se construye a partir del acceso a los derechos sociales
siempre cambiantes en nuestra sociedad. A la vez que coincidimos con Amartya
Sen, quien afirma que la tríada democracia-libertad-desarrollo constituyen el
eje sobre el cual deben articularse los programas de combate a la pobreza. Así
estamos convencidas de la importancia de ofrecer alternativas para hacer viable
la creación de espacios de participación multiactoral en función de superación
de la pobreza, promoción de la cooperación y de la construcción de ciudadanía.
Siguiendo el pensamiento del autor mencionado anteriormente los
trabajadores sociales debemos pensar las necesidades como potencialidades para
el desarrollo de las personas, de esta manera estaríamos interviniendo con
sujetos plenos de derecho, actores de su propia vida, sujetos políticos capaces
de transformación y cambio.
Las
"capacidades" comprenden todo aquello que una persona es capaz de
hacer o ser. El ser capaz de estar bien nutrido/a, escribir, leer y
comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria forma parte de estas
"capacidades". Sen señala que las necesidades básicas constituyen una
parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo mucho más amplio.
Entonces, y
siguiendo esta perspectiva, el bienestar se incrementará cuando las personas
son capaces de leer, comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la
utilidad que se deriva de ello, sino por el tipo de persona que puedes llegar a
ser cuando sabes leer y escribir. Comer tendría valor no porque a las personas
le guste la comida, sino porque es necesaria para la vida y la salud. Y las
personas votan no por incrementar su beneficio personal, sino porque valoran un
determinado sistema político y un determinado tipo de actividad política.
El número de
opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones
también contribuye al bienestar humano. De esta forma, desde el enfoque de las
capacidades, se postula que más libertad y más capacidad de elección, tienen un
efecto directo sobre el bienestar, incrementándolo.
En nuestro País
tenemos importantes legislaciones en materia de reconocimiento de derechos, cuyos
principales destinatarios son las poblaciones más vulnerables, tales
legislaciones están destinadas a su protección como son la Ley 26061 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley 26160
de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras protegiendo los
derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 26485 Para Prevenir, Sancionar y
Erradicar todas las Formas de Violencia Contra la Mujer, en los ámbitos en los
que desarrolla sus relaciones interpersonales; las mismas han sido de relevante
aporte a problemas históricos de vulnerabilidad y exclusión.
Sin embargo, y
a pesar de los logros obtenidos en materia de derechos humanos queda mucho por
trabajar para que éstos no sean sólo términos utilizados en el discurso político
sino que se demuestre el avance en el acceso equitativo a los mismos por parte
de toda la ciudadanía.
Finalmente
como Trabajadoras/es Sociales apostamos al compromiso de trabajar sobre la base
de los Derechos Humanos a fin de realizar un aporte significativo en el alivio
de la pobreza que afectó y afecta a numerosos/as ciudadanos/as de nuestro país.
Compromiso que implicaría entonces, una exigencia en
la revisión de los supuestos teóricos y prácticos para fortalecer esos
procesos, propiciando, coordinando o participando en la constitución de una
ciudadanía más igualitaria y más incluyente.
Secretaría de Jóvenes del CPAS
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Aportes para la Revista "Escenarios" de la FTS - UNLP
Queremos informarles que se encuentra en proceso de preparación la próxima Revista Escenarios n° 20 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
En este ejemplar, la temática central abordada será: "Universidad y procesos formativos: desafíos para el fortalecimiento de la Cuestión Pública".
Queda abierta la convocatoria para el envío de artículos pertinentes al tema para su posterior evaluación y publicación. Se ruega su remisión antes del 31 de mayo de 2013.
Las pautas para la publicación de trabajos pueden encontrarlas en el link de la Revista, en el sitio web de la Facultad: www.trabajosocial.unlp.edu.ar
Queda a su disposición el siguiente correo electrónico para recibir los aportes y responder consultas: escenarios@trabajosocial.unlp.edu.ar
Comité Editorial
Revista Escenarios
Facultad de Trabajo Social. UNLP.
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La Nación, el “cuervo” Larroque y los Asistentes Sociales
Por Norberto Alayón
Profesor Titular Regular
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
Jorge Fernández Díaz, el Secretario de Redacción del diario “La Nación”, publicó en la edición del 1º de marzo un artículo titulado “El Cuervo Larroque, el kirchnerista absoluto”.
No voy a referirme puntualmente sobre “La Nación”, ni sobre el “cuervo” Andrés Larroque. Como trabajador social, voy a argumentar una defensa si se quiere “profesionalista” -aunque nunca ha sido éste mi sesgo preferido-, en esta época donde ciertas corporaciones operan en pro de sus intereses de manera casi obscena.
En su nota, de extensa crítica obsesionada sobre Larroque, el columnista Fernández Díaz expresa en uno de sus párrafos lo siguiente: “Larroque puede estar en el Parlamento llamando “narcosocialistas” a los aburridos socialdemócratas santafecinos o “atorranta” a una diputada de la centroderecha cool. Pero también puede que se encuentre en las unidades básicas de las barriadas más humildes, predicando cristinismo o dando instrucciones a algún asistente social de Vatayón (Batallón) Militante.”
Los trabajadores sociales o asistentes sociales son los graduados de la carrera de Trabajo Social que se cursa predominantemente en universidades, públicas y privadas, de todo el país. El Trabajo Social es una profesión cuyos objetivos están dirigidos a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población (en particular de los sectores más desfavorecidos por las propias características del modelo de funcionamiento social) y a la defensa irrestricta de los derechos humanos, en su más abarcativa acepción.
Se trata de un vigoroso y dinámico colectivo profesional, con un importante nivel organizacional, plasmado en leyes nacionales y provinciales y en asociaciones y colegios de graduados y de unidades académicas que tienen pleno reconocimiento en el país, en Latinoamérica y en el mundo entero.
No tengo conocimiento de que trabajadores sociales se desempeñen profesionalmente dentro de la agrupación Batallón Militante. ¿El Secretario de Redacción de “La Nación” tiene información fidedigna acerca de la participación profesional de asistentes sociales (trabajadores sociales) en dicha organización? Si no fuera así, no debiera entonces referirse ligeramente sobre los profesionales asistentes sociales en un tono que raya con la desvalorización y el destrato. ¿Qué atributos responsables posee Fernández Díaz para referirse con desdén cuando habla de estos profesionales universitarios?
En el tenor de su nota, por cierto sobrecargada en distintos pasajes, la expresión “dando instrucciones a algún asistente social” suena a exigencias imperativas u órdenes de carácter vertical para que sean cumplidas sin reflexión alguna. Sólo en el período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica del 76-83, que el diario “La Nación” conoció muy de cerca, los trabajadores sociales -como tantos otros profesionales y ciudadanos en general- nos vimos compelidos en muchos casos a aceptar aberrantes imposiciones autoritarias del poder de facto.
Los trabajadores sociales, mujeres y hombres, son (somos) profesionales universitarios que se referencian e identifican con posiciones diversas en lo ideológico, en lo religioso, en lo cultural, en lo político. Desde luego, también habrá colegas que lean y se sientan representados y contenidos por el tradicional perfil del diario “La Nación”, que se autoatribuye ser “una tribuna de doctrina”.
Probablemente estos colegas, cercanos a las posiciones viejas y nuevas de “La Nación”, sean los que se sientan más dolidos por el objetivo menoscabo hacia el conjunto de la profesión de Trabajo Social, proferido por el Secretario de Redacción del centenario matutino. Sería deseable que Fernández Díaz asumiera la rectificación pertinente.
Buenos Aires, marzo de 2013.
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Reflexión para la Patria Grande
Por Lic. Laura Acotto
Vicepresidenta de FITS para Latinoamérica y el Caribe
El fallecimiento del Presidente Hugo Chavez desata nuevamente las profundas diferencias entre los dos proyectos societales para la América Latina y el Caribe.
Por 500 años se forjó un modelo de sometimiento, de etnias postergadas y clases dominantes que aún cuando tienen cabal noción de que su enriquecimiento y explotación no favorece la consolidación de naciones fuertes e independientes, no resignan los privilegios acumulados a fuerza de distribución injusta, corrupción, alianzas profundas con quienes solo se interesan en los recursos que puedan extraer aunque estos involucren la explotación y el aniquilamiento de seres humanos.
Cuando uno recorre Latinoamérica y el Caribe se encuentra con profundos e inmensos bolsones de pobreza y escandalosos e hiper reducidos bolsones de riqueza, con sociedades polarizadas, divididas entre quienes privilegian lo que han capitalizado mediante el desarrollo de gobiernos oligárquicos, militares y neo liberales y sectores que han capitalizado mediante la implementación de gobiernos denominados populistas y efectivizadores de derechos.
Una sociedad que cuenta con azuzadores de la división y el enfrentamiento, desde espacios muy diversos, los medios de comunicación, la intelectualidad, dirigentes corruptos, funcionarios que privilegian su capital personal (sea esto económico o social) por encima de los intereses de sus pueblos y naciones.
Esto duele, a quienes soñamos con una Patria Grande, unida, consolidada, equitativa y construida colectivamente por las mujeres y los hombres de buena voluntad que por nacimiento o por opción constituimos el pueblo latinoamericano que trabaja cada día por la construcción de una sociedad justa.
En los últimos años la dirigencia regional ha construido algunas bases para la transformación social, dando un vuelco a la tendencia histórica que configuro a América Latina como la región más injusta en términos de distribución, del mundo, el camino no ha sido para nada sencillo, ha contado con fuerzas internas y externas por demás poderosas acostumbradas al atropello, el sometimiento y la explotación y las perspectivas futuras indican que el camino seguirá siendo tortuoso, lento y lleno de obstáculos, de allí la necesidad de estar lúcidos, convencidos y claros en las propuestas para que podamos hacer una defensa del modelo de equidad, igualdad, distribución de la riqueza socialmente producida y de plena efectivamente de derechos.
Que en esta ocasión prime la necesidad de construir una Sociedad de Derechos por sobre la de destruir y retroceder, es el anhelo de esta trabajadora social argentina y latinoamericana.
Laura Elizabeth Acotto
Vicepresidenta de la región Latinoamerica y el Caribe
Federación Internacional de Trabajo Social
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El periodismo falaz
* Prof. Norberto Alayón
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Nota publicada en las ediciones sucesivas del 6 y 13 de febrero en el "Seminario Universidad", números 1978 y 1979, de la Universidad de Costa Rica.
Soy un trabajador social argentino y me
desempeño como profesor en la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de
Buenos Aires. A comienzos de diciembre viajé a Costa Rica, invitado por una
institución oficial, para compartir una exposición académica sobre temáticas de
mi profesión. En esa ocasión, llegó a mis manos un ejemplar del diario “La
Nación” de Costa Rica, del 25 de noviembre, en el cual pude leer un editorial
titulado “Kirchner en la cuerda floja”.
Lo tomé como un editorial más de los tantos
que pululan en nuestros países, que expresan ciertas maneras de ejercer el
periodismo ajenas a la responsabilidad y a la verdad. Luego me entero que dicho
diario sería el más “importante” de Costa Rica y que se trataba de la edición
número 22.954, ya que la publicación fue fundada en 1946 como “diario
independiente”. Pensé en ese momento, con cierto humor negro, que 22.954
periódicos con el perfil y tenor de ese editorial pulverizarían el hígado de la
persona más robusta y sana. Y es lo mismo que nos pasa a los argentinos con
algunos diarios, hasta centenarios, que se autorreputan como serios.
Al regresar a mi país decidí enviar una
respuesta breve a semejante insolencia y falsedad del “importante” diario. Envié
unas pocas líneas, que me permito reproducir textualmente a continuación, ya
que las mismas fueron publicadas en la sección Cartas, el 20 de diciembre, pero
con algunos retoques y omisiones:
Sra.
Directora del Diario La Nación: Con todo respeto me dirijo a usted en relación
al Editorial publicado en "La Nación" del domingo 25 de noviembre de
2012, bajo el título "Kirchner en la cuerda floja". Dicho texto,
plagado de inexactitudes, exento de información fehaciente y atravesado por una
suerte de malicia ideológica, constituye la expresión de un diario ajeno a la
seriedad y al buen periodismo.
Tal
vez no sea su deseo, pero sepa usted que ni la Presidenta Cristina Kirchner, ni
la Argentina están "en la cuerda floja". Todo lo contrario: flojos de
seso, pero plagados de veneno, se evidencian ciertos medios de comunicación,
nacionales y extranjeros, a los cuales se suma este extravío editorial del
diario bajo su dirección. Le agradeceré tenga a bien publicar estas breves
consideraciones, como derecho a réplica.
Veamos algunos de los dislates y la forma
de “construir” las noticias, de la que hace gala el mencionado editorial, en su
irracional afán de descalificar. Empieza con el título de “Kirchner en la
cuerda floja”. Pareciera inducir a hacer creer a los lectores que el gobierno
argentino está “por caer”. La presidenta Cristina Kirchner fue reelegida, en
octubre de 2011, con más del 54 % de los votos, y tiene mandato constitucional
hasta diciembre de 2015. El título y el contenido del editorial no implica una
caracterización seriamente fundamentada; lo que implica y expresa es un deseo.
¿Querrá “La Nación” que el gobierno constitucional argentino caiga y volvamos a
una dictadura cívico-militar? Tal vez sea el mismo deseo del que están
embebidos ciertos sectores sociales de Argentina, que ven recortados sus
enormes e históricos beneficios, articulados a los intereses económicos
mundiales más concentrados e inequitativos. Estos sectores, en Argentina,
intentan permanentemente por todos los medios (económicos, judiciales,
mediáticos) difamar, desgastar al máximo posible a un gobierno de carácter
“nacional y popular” como el actual, precisamente porque ven cuestionados sus
privilegios y temen perderlos o siquiera verlos reducidos. Los sectores que
impulsaron la genocida dictadura cívico-militar-eclesiástica que destrozó al
país entre 1976 y 1983, la Sociedad Rural Argentina que expresa históricamente
a la clase más oligárquica y parasitaria, el diario “La Nación” de la Argentina
(¡oh, el mismo nombre que el de Costa Rica!), cierta jerarquía de la Iglesia
Católica, en suma los sectores reconocidos como el conservadurismo, la derecha,
todos portan el deseo de que este gobierno caiga. ¿”La Nación” de Costa Rica se
sentirá identificada con estos sectores profundamente retardatarios y
antidemocráticos y se suma a este deseo?
¿Por eso publican semejante editorial?
Y agrega “La Nación”: “El cuadro tiene como
fondo una camarilla asesora liderada por el hijo de la mandataria, con los
sigilosos consejos de una amalgama de jóvenes de ideas radicales.” ¡Qué
lenguaje irrespetuoso que suena a descalificante de la investidura
presidencial! La presidenta argentina ha demostrado de sobra que posee la
suficiente autoridad para no dejarse influenciar por ninguna camarilla. Simétricamente,
aún dejando de lado la densidad abismal entre una presidenta elegida
democráticamente dos veces por el pueblo y un diario como “La Nación”, se
podría preguntar si detrás de la directora Noguera existe una camarilla ligada
o descendiente de la familia Montealegre, relacionando a la vez a esta familia
con el fusilamiento de Juanito Mora.
¿De dónde saca tan osados y falsos datos
“La Nación”? ¿Se los proporciona la Sociedad Interamericana de Prensa, es decir
la asociación de propietarios de diarios; los obtiene de la Cadena de la
desinformación y distorsión sistemática, conocida como CNN; se los pide a la
embajada norteamericana? Al alemán Paul Goebbels, ministro de Propaganda de
Adolfo Hitler, se le atribuye la frase: “una mentira mil veces repetida… se
transforma en verdad.”
El editorial pretende desconocer el
crecimiento económico sostenido de Argentina desde el 2003; las reservas record
del Banco Central; la recuperación del empleo; el rechazo a las presiones e
imposiciones del FMI; la firme decisión de fortalecer el MERCOSUR, la UNASUR y
la CELAC; la recuperación estatal de Aerolíneas Argentinas, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, Aguas Argentinas, Correos; el rechazo al proyecto
imperial del ALCA; la Asignación Universal por Hijo y a mujeres embarazadas; la
moratoria y actualización previsional que benefició a millones de jubilados; el
sostenido impulso a la industria, a la ciencia y a la tecnología; los programas
de inclusión social; la profundización de las políticas de defensa de los
derechos humanos; los planes de vivienda y de diversas obras públicas; la
jubilación para las Amas de Casa; la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (precisamente suspendida desde hace 4 años por los medios
hegemónicos y cierto sector del Poder Judicial); el aumento al 6 % del PBI del
presupuesto en Educación; el Programa de distribución gratuita de computadoras
a estudiantes y docentes; la puesta en marcha de la TV Pública Digital
gratuita; la Ley de matrimonio igualitario; etc.
Es necesario reparar en dos cuestiones
centrales. En primer lugar, la importancia de develar la utilización de
argumentos aparentes para defender lo que es evidentemente falso. Y un segundo
aspecto remite a la necesidad de identificar cierta unidad de acción, a escala
continental, asumida por diversos sectores que pertenecen o representan al
conservadurismo, para oponerse tenazmente a los distintos proyectos que
felizmente se están desplegando en muchos de nuestros países, en sintonía con
los legítimos ideales de independencia y justicia social.
El poder económico mundial (dicho de otro
modo, el sistema capitalista) tiende a avanzar para controlar y hasta
apropiarse del poder político para ponerlo a su servicio. Pero además, para
completar este circuito perverso que perjudica a las grandes mayorías, requiere
controlar también el poder ideológico, representado básicamente en la educación
y en la comunicación mediática, es decir en el periodismo.
Resulta obvio reconocer el alto componente
político que tiene siempre el periodismo. Y es absolutamente legítimo que
cualquier sector social exprese sus posiciones y la defensa de sus intereses
por medio del periodismo, pero sin distorsionar la realidad o directamente con
falsedades, muchas de ellas muy descaradas y ostensibles. De no ser así,
convierten al periodismo en una actividad ruin y en una suerte de charca
cloacal.
Un ejemplo de este tipo de periodismo lo
constituye el diario inglés The Sun, cuyo propietario es el magnate Rupert
Murdoch. Este diario fue condenado en el propio Reino Unido por escuchas ilegales
y publicaciones de noticias falsas relacionadas con personalidades y políticos
de ese país. Dicho accionar, concientemente programado, benefició abiertamente
la campaña electoral del primer ministro conservador David Cameron, a punto tal
que funcionarios de su gabinete debieron renunciar frente al escándalo y
complicidad con el multimillonario Murdoch.
Estoy seguro que los costarricenses y todos
los latinoamericanos bien nacidos, que soñamos con sociedades más justas e
igualitarias, no desean que “La Nación” de la querida Costa Rica imite al
diario The Sun.
-----------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es el camino?
Como
profesionales que integramos el Foro de la Infancia de la ciudad de Santa Fe, siempre
estamos ocupados y preocupados por aquellas situaciones que involucran a niños,
jóvenes y familias de la provincia y los mantienen presentes en las crónicas y
noticias locales, haciendo pública una realidad vivenciada por muchos pero
conocida por pocos.
Es
por medio del diseño y ejecución de políticas públicas específicas que el
Estado debe brindar respuestas a las problemáticas sociales que atraviesan
diferentes sectores de la sociedad e involucran de una u otra forma a toda la
comunidad.
En
un Estado responsable son los
gobiernos, a través de las administraciones públicas, los encargados de poner
en funcionamiento aquellos programas y
proyectos concretos que son los ejes que conforman las políticas públicas y que
deben orientarse al bien común y a la búsqueda de la calidad de vida de toda la
población.
La
distancia entre los contenidos
programáticos de las políticas sociales y su puesta en práctica ha sido siempre
tema de análisis de las ciencias sociales. Por un lado, porque su
implementación suele involucrar una diversidad de intermediarios que aportan su
impronta y por el otro, en el marco de relaciones de proximidad, las
clasificaciones de “necesidades” y “necesitados” son a la vez instrumento y
objeto de lucha interpretativa.
La
complejidad de las problemáticas sociales actuales es un hecho, una sola mirada
no sirve, la transversalidad en los análisis, en los diseños de políticas y en
las intervenciones es ineludible. Ya nadie aborda la cuestión social y sus
manifestaciones desde una sola perspectiva. Esto esta claro, lo que no parece
estarlo es desde qué política se interviene y para qué, es
decir cuáles son los objetivos que guían las intervenciones.
En materia
de infancia, los cambios que la nueva ley de protección integral impone, nos
enfrentan al desafío de trabajar con niños y jóvenes desde una perspectiva de
derechos, garantizando al máximo su cumplimiento. Pero debemos tener en cuenta
que las exigencias que este marco normativo plantea exceden hoy las posibilidades
reales de intervención si no se diseñan
políticas públicas de infancia que permitan dar cumplimiento efectivo a lo que
se establece porque La Ley no es la
Política.
Una muestra
clara de la brecha que actualmente existente entre el deber ser y el hacer son:
· El alto numero de niños que se encuentran
institucionalizados desde hace años, no
acceden al derecho de vivir en ámbitos familiares y se encuentran a la espera
de una resolución administrativa o judicial que defina su situación teniendo en
cuenta sus verdaderas necesidades e intereses.
· El aumento del consumo y comercialización de
diferentes drogas, que se instalan en la vida de cientos de niños, jóvenes y
familias que se “consumen”, desgastan y destruyen buscando salidas que nunca
encuentran. Chocan con burocracias institucionales y practicas obsoletas que
solo justifican una maquinaria institucional inoperante.
· La gran cantidad de niños y
jóvenes que no acceden al sistema educativo, dato que se verifica en más de
10.000 familias de la ciudad que no han presentado la contraprestación de salud
y educación para el cobro de la Asignación Universal ya que los chicos no
concurren a la escuela.
· El incremento de chicos de todas las edades en las
calles, instalados en las principales arterias de acceso a bulevares y avenidas
de la ciudad realizando todo tipo de “demostraciones artísticas”, “acrobacias o
piruetas” que los exponen a los más variados peligros y a permanentes miradas
de lástima, miedo, compasión, repulsión, vergüenza, dolor.
· Importante numero de “pacientes” que llegan a los
consultorios de los centros de salud en los barrios con serios problemas psico-físicos,
producto de una mala alimentación, del
abandono por parte de su familia o abusados y maltratados por alguno de
sus miembros con claros signos que evidencian un real padecimiento físico y
psíquico.
· Los “pequeños trabajadores” que componen la
categoría de “trabajo y explotación infantil” que crece año tras año en zonas
urbanas y rurales, sin control por parte
del Estado.
· La trata, con fines de explotación sexual, laboral,
esclavitud, servidumbre, comercialización de órganos cuyas cifras crecen tanto
como los diferentes mecanismos de captación y las redes montadas a tal efecto.
Ante todo
esto se imponen las preguntas: ¿Qué hacer por nuestros niños y jóvenes? ¿A
donde recurrir frente a esta realidad? ¿Quienes son los responsables de intervenir
para modificar estas situaciones? ¿Cuanto más hay que esperar para actuar? ¿Cuál
es el camino?...
Son muchas
las organizaciones de la sociedad civil que desde hace años trabajan por y para
la infancia implementando verdaderos espacios de promoción y protección de
derechos. Pero solos no pueden, no alcanza para revertir y reparar el daño ya
existente y a la vez trabajar en la prevención.
Se
necesita, con urgencia, contar con el protagonismo del Estado que es quien
tiene la responsabilidad primaria de ocuparse, conocer las políticas diseñadas,
los recursos disponibles, las redes establecidas y las personas encargadas de
acompañar y apoyar los procesos de trabajo pensados con y para la infancia
santafecina.
“La
infancia es el resultado de las oportunidades, los estímulos y las experiencias
que el mundo adulto que la rodea es capaz de generar como condición de posibilidad.
Es por tanto, una construcción social de responsabilidad colectiva del mundo
adulto”.
Lic.
Patricia Chialvo
Asistente Social Silvia Altamirano
Lic. Liliana Cortés
Foro de la Infancia
Santa
Fe, noviembre de 2012
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Aportes desde el Trabajo Social a la comprensión e intervención transformadora del hábitat como derecho
El CPAS comparte un trabajo elaborado por las colegas Anabella Córdoba, Patricia Chialvo, Sandra Gallo, Viviana Marucci, y Silvia Vega.
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La Primera Escuela de Servicio Social (que no fue)
Por Norberto Alayón
Profesor Titular Regular. Carrera de
Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro “Historia del
TS en Argentina”.
El 2 de agosto de 1924, por Resolución del
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Buenos Aires, fue creado el curso de Visitadoras de Higiene Social, dependiente
del Instituto de Higiene de dicha Facultad. El director de dicho Instituto era
el médico Manuel V. Carbonell, pero en rigor el curso dependía de la Cátedra de
Higiene, perteneciente al Instituto, cuyo titular era el médico Alberto Zwanck.
Casi 6 años más tarde, el 23 de junio de
1930, se inauguró la primera Escuela de Servicio Social, dependiente del Museo
Social Argentino, dirigida por el propio Zwanck. En esa fecha, el Museo Social
estaba incorporado a la Universidad de Buenos Aires, como un Instituto de
Información, Estudios y Acción Sociales.
Sin embargo, dos años antes, existió un
proyecto previo para la creación de la primera Escuela Nacional de Servicio
Social, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 16 de mayo de
1928. En efecto, con la firma del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de
Alvear (cercano al radicalismo “antipersonalista”, opositor de Hipólito
Irigoyen) y de su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Sagarna,
se envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley, en cuyo
artículo primero se establecía: “Créase en la ciudad de Buenos Aires la Escuela
de Servicio Social, con los fines que a continuación se expresan: Proporcionar
enseñanza técnica y administrativa a los jóvenes que aspiren a ocupar puestos
en obras de asistencia y previsión sociales. Dar a las enfermeras, visitadoras,
empleadas en obras sociales una educación que complemente la ya recibida.
Completar la educación social de los jóvenes que siguen otros estudios. Ofrecer
a todos un centro de Estudios Prácticos de la realidad argentina en materia de
asistencia y solidaridad sociales”.
Se preveía que los estudios, para alumnos
mayores de 17 años, de ambos sexos, “duraran dos años, de los cuales el primero
estará consagrado especialmente a dar una información general sobre los grandes
problemas sociales, y el segundo a la especialización en el trabajo social, de
acuerdo con las necesidades del alumno”.
El plan de estudios contemplaba el dictado
de “una introducción al estudio del servicio social; nociones de sociología; de
psicología; de derecho y administración pública; de biología general; bases
científicas de la educación; el problema de la penología; el de la población de
la Argentina; higiene; puericultura; administración de las instituciones del
servicio social; economía doméstica; juegos; deportes; primeros auxilios;
orientación profesional; asistencia sanitaria y social; y organización del
trabajo”.
Para ingresar a la Escuela se exigía a los
y las estudiantes “haber cursado los tres primeros años de una escuela normal,
de un colegio nacional o de un establecimiento de enseñanza especial”. No
obstante, de no cumplirse este requisito de estudios previos, igualmente
podrían ingresar quienes “formaran parte del personal de alguna institución de
acción social pública o privada”.
En la fundamentación del proyecto se
mencionaba que “La asistencia sanitaria y social -el servicio social, como con
justo y amplio sentido comprensivo se dice- realízase en nuestro país en forma
generosa, insumiendo recursos y energías de tal magnitud, que implican un
timbre de honor para el sentimiento de filantropía y de solidaridad del pueblo
argentino”. Reafirmando “ese concepto de la asistencia del Estado a los menores
abandonados o a los indigentes, como un deber esencial de toda sociedad bien
organizada que, al recoger, amparar y elevar esos niños o jóvenes, defiende y
ennoblece su propia integridad”.
Con anterioridad al mes de mayo de 1927 el
ministerio de Justicia e Instrucción Pública había “encomendado a funcionarios
de su dependencia y a comisionados especiales el estudio de las organizaciones
docentes y administrativas del servicio social en Europa y el resultado de tal
misión es un informe muy interesante y muy documentado que permite apreciar
nuestra situación de retardo e inferioridad en tal sentido, al propio tiempo
que nos ofrece los varios tipos de organización bien experimentados en otros países,
para que adoptemos el más conveniente, adaptándolo a nuestras propias
condiciones sociales”.
El proyecto incluía el interrogante acerca
de “con qué bagaje teórico y práctico entra un argentino a la dirección de una
casa-cuna; de un instituto tutelar de menores; de una casa de trabajo para
alcoholistas, vagos, viciosos; de una prisión o casa correccional; de un
internado docente; de una caja de previsión social; de una cooperativa; etc.” Y
agregaba su propia respuesta: “Casi siempre, a una base de buenas informaciones
unilaterales se une un poco de ensayismo en otros aspectos de los varios e
interesantes que presenta el problema de la dirección y administración
eficaces, y la experiencia resulta, así, larga y dispendiosa, cuando no
determina el malogro de las mejores intenciones y empeños”.
Para abordar tales carencias, la propuesta
de estudios consignaba que “El primer año será de carácter teórico
relativamente (sic) pues siempre se tendrá en cuenta, en lo posible, la
observación y la experiencia, y el segundo será acentuadamente práctico y
especializado, trabajando los alumnos en las instituciones que en esta Capital
prestan asistencia sanitaria y social, como ser hospitales, asilos, colonias,
hogares, cajas de previsión, salas cunas, sociedades de beneficencia,
cooperativas, cárceles, cantinas maternales y escolares, etc., con la
cooperación que se descuenta de sus directores, personal técnico y
administrativo”.
Simultáneamente existió también otro
proyecto de ley para la creación de una Escuela de enfermeras visitadoras,
presentado en 1928 en el Congreso Nacional por Leopoldo Bard. Este médico,
vinculado ideológicamente con Hipólito Yrigoyen y también con la masonería, era
el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados. Años más tarde, en
1947, fue designado por Juan Domingo Perón como Director General de Higiene y
Seguridad del Trabajo.
El proyecto del diputado Bard establecía,
en su artículo segundo, que “Las escuelas de enfermeras visitadoras dependerán
de cada una de las cátedras de higiene médica de las respectivas facultades de
Medicina de Buenos Aires, Rosario y Córdoba”. En rigor, tal como se consignó al
comienzo de este texto, en Buenos Aires ya estaba en pleno funcionamiento,
desde hacía cuatro años, el Curso de Visitadoras de Higiene Social en la
Facultad de Ciencias Médicas. En julio del mismo año, este proyecto pasó a la
Comisión de Instrucción Pública, sin que se lograra la sanción de la ley
respectiva.
Al mismo tiempo, existían inquietudes
similares en el seno del Museo Social Argentino para abocarse a la formación de
estos agentes sociales. Se organizó la Sección de Higiene Social, en mayo de
1928, cuyas autoridades fueron los médicos Julio Iribarne, Manuel V. Carbonell
y Germinal Rodríguez , integrada también por otros siete médicos: Saúl
Bettinotti, Pílades O. Dezeo, Ciro Durante Avellanal, Ubaldo Fernández,
Evaristo Lutara, Nerio Rojas y Manuel Ruiz Moreno. Conformaron una comisión
para elaborar una propuesta de creación de una Escuela de Servicio Social y,
entre diversas consideraciones, formularon una muy llamativa argumentación:
“Comprendemos que esta labor de organizar la nueva Escuela, sus planes de
enseñanza y orientación, es una tarea larga y difícil y que exigirá una
tranquila meditación. Pero en cualquier forma podría este año aceptarse en
principio la creación de dicha Escuela para evitar así que la idea, tomada por
alguna otra institución afín, pudiera malograrse o confundirse y una comisión
del seno del Museo Social podría planear la organización en el transcurso del
corriente año”.
Al respecto surgen algunos significativos
interrogantes. ¿Por qué el Museo Social Argentino presumía que alguna otra
institución estatal “podría malograr o confundirse” en relación a la idea de
crear una Escuela de Servicio Social? Visto
el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, el 16 de mayo de
1928, para crear la primera Escuela Nacional de Servicio Social, ¿el Museo
Social se apresuró para presentar su propia propuesta para lograr ser los
primeros en crear dicha Escuela? El gobierno nacional había financiado, previo
a mayo de 1927, el viaje a Europa de “funcionarios” y de “comisionados
especiales”: ¿alguno de los médicos integrantes del Museo Social formaron parte
de la misión que viajó a Europa en 1927?
El artículo que el Dr. Germinal Rodríguez publicó en el diario “La
Nación”, el 2 de diciembre de 1927: ¿fue el producto de los datos y
experiencias recogidas en el periplo europeo, financiado por el gobierno
nacional?
En definitiva, el proyecto del Poder Ejecutivo,
de mayo de 1928, nunca llegó a aprobarse. Era obvio que el gobierno de Alvear
estaba finalizando su mandato. Al poco tiempo se realizaron las elecciones
nacionales, siendo ungido como nuevo Presidente de la Nación, Hipólito
Yrigoyen, el cual asumió el 12 de octubre del mismo año. Quedó trunca, de este
modo, la alternativa de creación de una Escuela de Servicio Social dependiente
del gobierno nacional, lo cual recién se concretó -31 años después- en 1959
(durante el mandato de Arturo Frondizi) con la inauguración del Instituto de
Servicio Social, dependiente del ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública de la Nación, cuyo titular era el médico Héctor V. Noblía, siendo
director de dicho Instituto el médico psiquiatra Ricardo Tarsitano.
Por Lic. Norberto Alayón
Por Lic. Norberto Alayón
Buenos Aires, Octubre de 2012.
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La sentencia del tiempo
* Por Psicóloga y Psicopedagoga Camila Candioti y Lic. en TS Gabriela Scolari.
En Septiembre de 2005 se sancionó la Ley Nacional N° 26.061 de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en un proceso de concordancia legislativa, luego de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y su incorporación a la Carta Magna, en el año 1994.
Esta Ley implicó un gran avance en el
reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos ya
que, en nuestro país, habían estado bajo el régimen de la minoridad y el
patronato durante más de un siglo.
La provincia de Santa Fe adhirió a la Ley
Nacional desde su promulgación, iniciando un proceso de cambio en las
instituciones y prácticas vinculadas con la niñez, para finalmente sancionar la
adhesión a la norma en Noviembre de 2008, mediante la Ley Provincial Nº 12.967
de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Todos estos marcos normativos, que implican
sin lugar a dudas un progreso importantísimo desde un enfoque de derechos
humanos, a su vez plantean nuevos retos respecto a las necesarias
transformaciones institucionales y culturales en los ámbitos Estatales – tanto en el Poder Ejecutivo, como
en el Poder Judicial -, en las Organizaciones de la Sociedad Civil y la
comunidad en general.
En esta ocasión ponemos especial atención a
los cambios producidos en la atención a la infancia vulnerada. Niñas, niños y
adolescentes que, por distintas circunstancias contempladas por la Ley, se
encuentran transitoriamente separados de sus propias familias, necesitando de
cuidados alternativos especiales, a fin de superar esa situación y lograr que
sus derechos estén plenamente garantizados.
Se trata de los niños que se encuentran en
las instituciones estatales o en grupos familiares que integran el Programa
Familias Solidarias o Familias Sustitutas -dependientes de la Subsecretaría de
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia- o en diversas Organizaciones
de la Sociedad Civil, - bajo la modalidad institucional o familiar-. Estos
organismos cumplen un rol fundamental en la vida de cada niño.
Actualmente, debido a los procesos de
cambio legislativos, los cuales implicaron - entre muchos otros aspectos-: el
cese de intervenciones de los Juzgados de Menores en materia Civil, el pasaje
de los casos a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia y la intervención de los Tribunales Colegiados de Familia, aquellos
niños que se encontraban separados de su grupo familiar y resguardados en los
ámbitos institucionales o familiares mencionados, mediante la intervención del
Juzgado de Menores, quedaron atrapados en la adecuación administrativa y
judicial a las nuevas legislaciones.
Es decir, al acordarse el cese de
competencia civil de los Juzgados de Menores, hubo casos que no tuvieron la posibilidad
de ver resuelta su situación jurídica y, por lo tanto, quedaron a la espera de
la sanción, reglamentación y aplicación de la ley provincial.
La Subsecretaría de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia es la autoridad de aplicación del nuevo Sistema
Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos, cuyas funciones
están establecidas y enumeradas en el Art. 33 de la Ley 12.967 y su decreto
reglamentario Nº 0619/10.
Estas funciones que marca la Ley, otorgando
nuevas y amplias funciones y responsabilidades al órgano administrativo
provincial, así como a los municipios y comunas, no siempre han tenido un
correlato acorde en la asignación presupuestaria de dichos organismos que les permitan cumplimentar
tales exigencias.
En la Subsecretaría provincial influyen,
además de los insuficientes recursos económicos, otros problemas estructurales,
como la ausencia de una estructura orgánica funcional que brinde estabilidad en
la función y posibilidad de asenso a los equipos profesionales, técnicos,
operadores y administrativos. El recurso
humano, entonces, también deviene escaso y con muchas limitaciones para su
especialización y capacitación, siendo muy frecuente su migración hacia otras
dependencias estatales o privadas, ya que tampoco la política salarial se ha
adecuado a las nuevas y complejas
funciones establecidas en la Ley 12.967.
No pocas veces, esta situación tiene
consecuencias inevitables que provocan el resquebrajamiento en las garantías de
los procesos que involucran a situaciones tan delicadas y definitorias en la
vida de los niños.
De este modo, la prolongada permanencia de
los niños en ámbitos institucionales o familiares temporarios, es uno de los
emergentes que pone de relieve la ausencia de articulación y la improvisación
de las políticas públicas en materia de infancia, más allá de los
procedimientos y legislaciones existentes, a cumplimentar.
En este contexto, los Trabajadores
Sociales, Psicólogos, Abogados, Terapistas, Psicopedagogos, entre otros, que
desempeñamos nuestra función en la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, nos vemos interpelados a diario respecto de las
posibilidades y limitaciones de nuestra práctica profesional. Algunos de los
dilemas presentes son:
¿Decidir e implementar una Medida de
Protección Excepcional a fin de resguardar a los niños, aún sin poder
garantizar los plazos para la convivencia en una familia definitiva?
¿Es posible aplicar la Medida de Protección
Excepcional, como excepción y no como norma, ante la debilidad de las políticas
públicas de fortalecimiento familiar y social?
¿Cómo realizar un trabajo planificado,
sistematizado y sostenido con la familia de origen, cuando la cantidad y
complejidad de las situaciones que demandan de la intervención de los equipos profesionales
supera sus posibilidades?
¿Podemos con nuestra intervención reparar y
reducir al máximo el “abandono secundario” de los niños, a manos de la
intervención estatal?
¿Cómo sostener los protocolos de
intervención y los principios deontológicos, ante los cambios constantes en los
lineamientos que emanan de los funcionarios, la ausencia de planificación y coordinación entre las
sucesivas gestiones políticas?
¿Cómo compatibilizar las exigencias de
pronta resolución de la situación del niño y de evitar institucionalizaciones
prolongadas, con el cumplimiento del debido proceso?
Apostamos a construir un Estado inclusivo
de todas las infancias y garantista de sus derechos fundamentales, es por ello
que buscamos llamar la atención respecto a la urgente necesidad de fortalecer
las capacidades de los sistemas de protección local y de la autoridad
provincial de protección de derechos.
Reconocemos nuestras posibilidades y
limitaciones como cuerpo de profesionales, y por ello nos encontramos en la
militancia y con la convicción de respetar a las niñas, niños y adolescentes
como sujetos de pleno derecho, trabajando con estas realidades complejas y
particularísimas, en el desafío de avanzar caso a caso.
Psicologa y Psicopedagoa Camila Candioti.
Lic. en Trabajo Social Gabriela Scolari
La Subsecretaría de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia
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Novedades 2012 de Editorial Espacio
Intervenciones de Trabajo Social en el área de Salud
Política Social como Intervención en lo Social
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Capitalismo y Asistencialismo
* Por Norberto Alayón
* Por Norberto Alayón
Nota publicada en el Diario Página/12, el 1º de agosto de 2012
El capitalismo es el modelo político-económico que predomina en el funcionamiento de nuestros países. Su lógica y “racionalidad” se centra irreductiblemente en la búsqueda denodada del lucro y la acumulación, sobre la base de la expoliación de la productividad del trabajo de otros. Un modelo bien distinto tendríamos si los objetivos de la producción no fueran la mera ganancia, sino la satisfacción de las necesidades sociales.
Como dijera Adam Smith, aquel economista y filósofo escocés del siglo XVIII, “el mercado es incompatible con la ética, porque cualquier acción moral voluntaria contradice las propias reglas del mercado y simplemente termina por desplazar al empresario moralizante”.
Cabría igualmente un par de reconocimientos: a) el capitalismo ha contribuido al desarrollo de la sociedad, aunque simultáneamente condujo a reproducir desigualdades estructurales; y b) nuestros países han venido padeciendo un doble sufrimiento, por la presencia del capitalismo y también por la falta de desarrollo capitalista. Por ejemplo, el carácter parasitario y ocioso de nuestra tradicional oligarquía, que se constituyó como una suerte de “clase capitalista no burguesa”, obstaculizó el desarrollo industrial del país, manteniendo en muchos casos relaciones de tipo cuasi feudal. La enorme riqueza, obtenida por las grandes extensiones de campos y por la renta diferencial de la tierra, condujo a estos sectores a evidenciar un comportamiento exento de “dinamismo burgués” y antiindustrialista. Con semejantes ganancias, los terratenientes no estaban interesados en reinvertir sus beneficios.
Tal vez, de este origen “naturalmente perezoso”, nuestras “burguesías nacionales” hayan encontrado una suerte de modelo productivo a imitar, ligado a la búsqueda de ganancias desmedidas, con un mínimo de riesgo e inversión o bien aprovechando protecciones, prebendas, abusos y saqueos sobre el Estado para que respaldara sus intereses privados, por sobre el bienestar del conjunto de la sociedad. Con frecuencia, esta violación de la esencia misma del funcionamiento capitalista, ligada a la inversión y al riesgo, constituye una conducta irreductible: quieren ganar fortunas –y además en el menor tiempo posible– sin correr prácticamente ningún tipo de riesgos.
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Trabajo Social con Familias
* Por la Lic. Liliana Calvo
Mary Richmond nos ha dejado una
bibliografía de avanzada para los años en que fue escrita. En 1914 pronuncia
una conferencia sobre los primeros pasos
en el Trabajo Social de Casos. En base a ésta escribió Diagnosis Social
publicado en 1917 por Rusell Sagr Foundation. En 1922 publicó “Qué es el
Trabajo Social de Casos”. Poco después en 1930 se publica The Long View “Mirando a lo lejos”. Partiendo de la teoría
del yo generalizado de George Mead, llegó a señalar la necesidad de abordar al individuo por medio de sus relaciones sociales.
Consideró que el grupo básico y fundamental del hombre es su familia”. (1)
Con el correr
de los años y el surgimiento de nuevas posturas científicas dicha intervención
se ha ido enriqueciendo con muchísimos aportes.
Nuestra colega Arroyo Rueda en su
artículo “Trabajo social con familias y terapia familiar “, nos expone en
amplitud de referencias que “desde el origen mismo del trabajo
social existen antecedentes que hacen referencia al hacer profesional del
trabajador social con la familia”. (2)
De este modo conocemos experiencias en
Inglaterra, como la de Tavistock Clinick, donde un
psiquiatra y una trabajadora social crean un centro muy valioso de atención a familias.
Las de Palo Alto, en los Estados Unidos, donde se destaca Virginia
Satir trabajadora Social y terapeuta
familiar, que en la década del 70
coordina también trabajos con Fritz Perls, creador de la Gestalt, en el Centro
Esalen, en California, Estados Unidos. Considero como trabajadora social y
gestaltista, que Virginia nos ha dejado un legado inmejorable de sapiencia.
Por último, es importante referenciar a Gordon Hamiltón, otro aporte muy
importante de experiencia en el trabajo social con familias quien resalta “que
es posible entender a la persona, si se entiende a la familia”.
Tanto en Latinoamérica, como en los Estados Unidos y en Europa, el
trabajo social se ha ocupado de la familia y de sus dinámicas de vinculación. Así
en cada área donde un trabajador social se desempeñada, prioriza el tomar
contacto con el entorno de la persona que lo consulta. Sea en un hospital, en
una escuela, en los distintos ámbitos de la justicia, en una organización no
gubernamental o en su consulta privada.
Quiero destacar las producciones relacionadas al trabajo social con
familias de las valiosas colegas, Monica Chadi, de Argentina, Ximena Mendez de
Chile, Àngela Quintero Velazquez, de Colombia, Sonia Martins de Brasil,
Francisco Gomez Gomez de España, y el intercambio sostenedor del Grupo de
Asistentes Judiciales de Colombia liderado Carmen Cuadros Restrepo y la Social
Redes, espacio de intercambio profesional, que facilito desde Argentina.
En la
Argentina la intervención la realiza un profesional universitario que cursa una
carrera de grado de cinco años de duración, matriculado en el Consejo
Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social, a partir de la
Ley de Libre Ejercicio Profesional 23.377. El mismo ha sido formado teórica y
prácticamente para desarrollar tareas que tienden al Bienestar Social y a
elevar la Calidad de Vida de las personas.
La
Ley agrega además que puede realizar funciones de asesoramiento, orientación,
supervisión, como así también diseñar proyectos y programas que tiendan al
bienestar general de las personas.
Su
rol es definido como: “educador social”. Entendiendo como tal, al profesional
que a través de un proceso logra que los entrevistados reflexionen acerca de
sus situaciones problemáticas y descubran por sí mismos, de que modo llegar a
la resolución de las mismas.
Compartiendo con algunos autores defino a “la
intervención de trabajo social con familias” como socioterapéutica.
Y respondiendo a la pregunta sobre qué es la
socioterapia digo: si tomamos a la palabra terapia desde su significado
etimológico la misma viene de “terapéutikos” de orígen griego, que quiere decir
servicial, que cuida de algo o de alguien.
Social deriva de “socius” del latín y quiere decir
compañero, que acompaña.
Socioterapeuta es entonces “quien cuida de lo social”, es
el profesional que acompaña a las personas en su desarrollo humano, en la
búsqueda de su bienestar y opera en contextos sociales.
La socioterapia, el trabajo social con familias es una modalidad
de abordaje profesional, promocional, preventiva, educativa y asistencial, que
tiende a la rehabilitación, la reinserción social de las personas y que trabaja
con una concepción de trabajo de red. (3)
El socioterapeuta brinda atención a las personas y a
las familias, que presentan necesidades y conflictos de desorganización y
desintegración social.
La intervención del trabajo con familias, es
sustancial, acompaña el proceso de cada ser humano, pudiendo entender
muchas veces los cambios realizados, y a
su vez darse cuenta “que somos integrantes de una dinámica familiar,
formamos parte de un sistema y eso nos ubica en una cadena transgeneracional”.
De éste modo al trabajar con niños y jóvenes , el
espacio de trabajo con familias, logra darle a los papás y mamás un espacio de
orientación, y de acompañamiento familiar, que resulta altamente beneficioso,
donde podemos atenuar algunos momentos difíciles de sus vidas con el soporte del entorno
familiar cuando es posible.
Esta intervención da a las familias un
espacio de vivencia y reflexión, dónde todos los integrantes junto a la
socioterapeuta familiar, pueden “mirarse
como familia y redescubrirse”.
Muchas de
las intervenciones que realizamos habitualmente en el trabajo social con
familias transcurren en momentos críticos de las mismas.
•
Un
ejemplo de ello es cuando recibimos en la consulta a una familia donde el padre
o la madre está sin empleo o no logra
autoabastecerse con el trabajo que desarrolla.
•
Situaciones
de separación conflictiva de una pareja, cuando surgen disputas relacionadas a
la tenencia de los hijos, la entrega del dinero por los alimentos, los horarios
de las visitas.
•
Necesidad
de lograr adaptarse a un nuevo país cuando se produce una migración deseada o
no por la familia.
•
Familias
donde el niño no quiere concurrir a la
escuela porque presenta una fobia social.
•
Una
pareja que no logra concretar sus trámites de adopción comenzados una y otra
vez sin éxito.
•
El
miembro de una familia que luego de un accidente queda con una discapacidad que
ya no le hace posible realizar sus tareas habituales.
•
Una
familia donde una de sus hijas adolecentes presenta dificultades con su
alimentación. (4)
Es lícito a mí entender introducir aquí que, en sus comienzos, el ámbito
de la Asistencia Social tenía alcances más acotados, “una actividad auxiliar de
ayuda directa y de protección inmediata”.
Hoy en día, dados los avances en la formación profesional, con la Ley
Profesional que he mencionado
anteriormente, la profesión ha conseguido su real autonomía y ha ampliado
muchísimo sus incumbencias de intervención profesional. Brindando a su vez asistencia, cuando las necesidades primarias de
las personas no estén cubiertas.
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales incluye como
incumbencias de intervención, la Pedagogía Social, el Tratamiento y Terapia
Familiar. También agrega la Dirección de Organismos, la Organización
Comunitaria y el compromiso con la Acción Social Política para influir en la
Política Social y Desarrollo Económico.
“El Trabajo Social con familias es un proceso de acompañamiento
promocional y educativo. Digo que es un proceso porque considero que tiene
distintas fases, está en movimiento y es continuo, no concluye, ya que prosigue
como desarrollo en las personas aún después de alejadas las mismas del contacto
con el Trabajador Social. Es promocional ya que promueve y pone en movimiento
diferentes capacidades y potencias personales, así como aspectos valiosos del
ser humano. Y es educativo porque les permite a las personas incorporar conocimientos
y experiencias que los conducen a modificar sus actitudes y conductas”.
Considero necesario que los espacios de atención a las personas, estén
conformados por profesionales de diversas disciplinas, es decir por
trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, médicos, trabajadores
corporales, abogados, mediadores.
Donde los mismos desarrollen su trabajo en forma integrada, es decir que
cada área científica sea un complemento, de origen a estrategias conjuntas de
intervención y de este modo se le dé la misma importancia a los aspectos
físicos, a los psíquicos, a los sociales, a los jurídicos y al trabajo con el cuerpo.
El tiempo del encuentro entre los profesionales, para compartir dichos
pareceres profesionales, es de vital importancia y muchas veces enriquece el
abordaje profesional que llevamos a
cabo. Me refiero a los conocidos “Ateneos o Coloquios Científicos”. Los cuales
tienen que ser implementados y sistematizados dentro del cronograma de tareas
compartidas. (5)
Así como es de valioso el intercambio interdisciplinario, lo es también
el encuentro entre colegas de la misma àrea, ya sea en espacios de supervisión,
tan necesarios en nuestra tarea, como en el de crear redes de profesionales que
desarrollen la intervención profesional en forma independiente, avalados por la
Ley de Libre Ejercicio Profesional.
A partir de los libros que he escrito y de la edición on-line de la Revista
ConViviendo que dirijo, recibo artículos y comunicaciones de colegas de nuestro
país, de Latinoamèrica y de España que llevan a cabo el trabajo independiente y me expresan sentirse muy aislados y con
dificultad para poder compartirlo ante la ausencia de coloquios profesionales
especializados en el tema.
Por
lo tanto la posibilidad que nos brinda este espacio, es un valioso aporte que
permite la difusión de experiencias profesionales, que pueden ser soporte fortalecedor
para los colegas que recién se inician y un intercambio fructífero para
los que ya llevamos años en la profesión.
(1) Trabajo Social y Enfoque gestáltico,
Reynoso y Calvo, Editado por Espacio Editorial, 2003
(2) (4) y (5) Familia Resiliencia y Red
Social, Liliana Calvo, Editado por Espacio Editorial,2009
* Licenciada Liliana Calvo
Asistente Social-Socioterapeuta
Gestàltica-Mediadora Familiar
Directora del Grupo ConVivir y de la
Revista ConViviendo
Integrante colaboradora del Grupo
fundacional de Trabajadores Sociales
Independientes
Se autoriza la reproducción total o parcial de este texto
si se menciona la fuente y la autora del mismo, que está protegido por los
derechos de autor.
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Novedades 2012 de Editorial Espacio
Envejecimiento y Espacios Grupales
Políticas Públicas y Trabajo Social
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El Derecho a la Asistencia
Por Norberto Alayón.
Profesor Titular Regular de la Facultad de
Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires).
La asistencia es un derecho. Lo venimos
sosteniendo y argumentando, por escrito, desde hace más de tres décadas. Toda
sociedad que, por las características que adopta para su funcionamiento, primero
pauperiza y excluye a buena parte de sus miembros, debe asumir maduramente su responsabilidad
por el daño ocasionado y disponerse a adoptar profundas medidas reparatorias. Y
debería hacerlo por la vía del derecho pleno, o bien -mientras tanto- mediante
políticas sociales y asistenciales que tiendan a neutralizar el deterioro de
las condiciones de vida de la población, a la par de ir creando las condiciones
para contribuir a la consolidación de un orden social más justo y equitativo.
El derecho a la asistencia, no cambia la
naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad. Pero sí debilita
la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades inequitativas, y -a
la vez- ética y estratégicamente contribuye a la reparación de los problemas
sociales, en la perspectiva de ir construyendo alternativas más sólidas para un
funcionamiento social más digno y más humano.
Reconocer el derecho a la asistencia implica
la aceptación de que las personas a ser asistidas, básicamente carecen -por las
condiciones del funcionamiento social- de posibilidades para un adecuado
despliegue de sus potencialidades que, entre otras cosas, les permita satisfacer
autónomamente sus necesidades. Familias sin los medios suficientes para la
reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos degradados, con
problemas habitacionales, de salud, de escolaridad, no pueden más que tender a
repetir esas condiciones en las generaciones siguientes.
Interferir e interrumpir ese proceso social
negativo, constituye una responsabilidad ética impostergable, pero -además-
implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la democracia,
en tanto una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con graves
niveles de pobreza y exclusión.
En 1961, el médico argentino Regino López
Díaz, Director Nacional de Asistencia Social, afirmaba: “Es nuestra aspiración
común que este país no tenga necesidad de un organismo encargado de la
asistencia social”. ¡Cómo no coincidir con esa aspiración! Pero resulta que a 51
años de haber sido formulada, todavía no sólo no se concretaron los cambios que
hicieran innecesaria la asistencia, sino que se produjo un significativo aumento
de la pobreza y de la desigualdad social.
También el economista sueco Gunnar Myrdal,
que obtuvo el premio Nobel de Economía en 1974, manifestaba en 1968: “Mi ideal
es que se lleven a cabo reformas sociales tales -en los vastos campos de la
distribución del ingreso, la vivienda, salud pública, educación, el enfrentamiento
de la delincuencia, etc.- que el Servicio Social se vuelva más bien innecesario
o se transforme en algo muy especial, algo individualizado y especializado,
mientras no sea simplemente la administración de la legislación social.” Pero
esas “reformas sociales” (que también nosotros deseamos, profundas y lo antes
posible) no se cristalizaron a cabalidad. Y la asistencia, entonces, continúa
siendo necesaria.
Las políticas de asistencia son insuficientes,
pero hay algo mucho más insuficiente aún: la ausencia de políticas de
asistencia. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente el
posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a recortar
los recursos destinados a la acción social, desertando de esta responsabilidad
estatal o bien transfiriéndola hacia modalidades voluntarias, optativas y
además escasas (alejadas del derecho), a ser encaradas por sectores privados,
empresariales o no.
Defender la idea de la asistencia como
derecho, exige también diferenciar esta concepción de aquellas modalidades que,
con lamentable frecuencia, transforman la asistencia en un recurso para la construcción
de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión. Toda persona o
grupo que recibe algo (por la vía del no derecho), siempre queda en deuda con
el que se lo da. En ese caso, el que recibe debe a quien da. Por el contrario,
los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para toda la
población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación y la diferenciación
social.
Comprender esta ecuación, nos debe impulsar
a revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye democracia en
serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada descripción que
contiene aquel proverbio africano, cuando afirma que “la mano que recibe está
siempre debajo de la mano que da.”
Por Norberto Alayón.
Buenos Aires, Julio de 2012.
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