La noticia que ha tomado estado público, relacionada al fallecimiento de un niño de tres años de barrio chaqueño, motiva al Colegio Profesional de Asistentes Sociales a manifestar una serie de consideraciones sobre el tema.
Una vez más, la terrible perdida de la vida de un niño nos obliga a pensar en el rol del Estado y sus políticas públicas, especialmente las relacionadas a los derechos de los niños/as y adolescentes. ¿Cuáles son en la actualidad esas políticas de prevención y asistencia y qué recursos están disponibles para su aplicación?
El profesional, y su intervención, es uno de los recursos necesarios y disponibles para poner en práctica todas aquellas acciones que tiendan a restituir derechos y prevenir su vulneración, pero no es el único recurso ni pasa por él toda la responsabilidad de dar respuesta o brindar soluciones a los múltiples problemas sociales.
El rol de las/os asistentes sociales es puesto en tela de juicio cuando ocurren situaciones trágicas como la de Maximiliano. Sin embargo no se cuestiona de la misma manera ni con el mismo énfasis el compromiso, la responsabilidad e idoneidad del funcionario público de turno, encargado de cada área, que es quien debe velar, no solo por el cumplimiento efectivo del trabajo de los profesionales a su cargo, sino también y especialmente por la implementación de políticas específicas.
En la intervención profesional, las posibilidades se acotan si no se cuenta con los recursos necesarios para realizar el trabajo. Estos recursos deben estar garantizados por la organización de la cual forma parte ese profesional, en este caso el Estado desde los organismos propios encargados de cada área.
En materia de infancia, son muchos los cambios que se proclaman desde el discurso pero que lamentablemente no tienen su correlato en la práctica. Contamos hoy con una ley provincial que habla de la protección integral de derechos de todos los niños/as y adolescentes pero la realidad nos muestra a diario, que no existen los recursos necesarios para su implementación y termina siendo la persona del trabajador social el recurso, el me-dio y el fin, con todo lo que ello implica.
No desconocemos ni negamos la responsabilidad del profesional pero destacamos la necesidad, hoy más que nunca, de aunar esfuerzos, trabajar en interdisciplina y contar con el apoyo y acompañamiento de quienes tienen el deber de implementar las políticas públicas.
Desde el Colegio Profesional queremos expresar nuestra preocupación por la situación actual de desprotección en la que se encuentran numerosos niños y familias santafesinas que hoy se muestra en su máxima expresión cobrándose una vida más.
Una vez más, la terrible perdida de la vida de un niño nos obliga a pensar en el rol del Estado y sus políticas públicas, especialmente las relacionadas a los derechos de los niños/as y adolescentes. ¿Cuáles son en la actualidad esas políticas de prevención y asistencia y qué recursos están disponibles para su aplicación?
El profesional, y su intervención, es uno de los recursos necesarios y disponibles para poner en práctica todas aquellas acciones que tiendan a restituir derechos y prevenir su vulneración, pero no es el único recurso ni pasa por él toda la responsabilidad de dar respuesta o brindar soluciones a los múltiples problemas sociales.
El rol de las/os asistentes sociales es puesto en tela de juicio cuando ocurren situaciones trágicas como la de Maximiliano. Sin embargo no se cuestiona de la misma manera ni con el mismo énfasis el compromiso, la responsabilidad e idoneidad del funcionario público de turno, encargado de cada área, que es quien debe velar, no solo por el cumplimiento efectivo del trabajo de los profesionales a su cargo, sino también y especialmente por la implementación de políticas específicas.
En la intervención profesional, las posibilidades se acotan si no se cuenta con los recursos necesarios para realizar el trabajo. Estos recursos deben estar garantizados por la organización de la cual forma parte ese profesional, en este caso el Estado desde los organismos propios encargados de cada área.
En materia de infancia, son muchos los cambios que se proclaman desde el discurso pero que lamentablemente no tienen su correlato en la práctica. Contamos hoy con una ley provincial que habla de la protección integral de derechos de todos los niños/as y adolescentes pero la realidad nos muestra a diario, que no existen los recursos necesarios para su implementación y termina siendo la persona del trabajador social el recurso, el me-dio y el fin, con todo lo que ello implica.
No desconocemos ni negamos la responsabilidad del profesional pero destacamos la necesidad, hoy más que nunca, de aunar esfuerzos, trabajar en interdisciplina y contar con el apoyo y acompañamiento de quienes tienen el deber de implementar las políticas públicas.
Desde el Colegio Profesional queremos expresar nuestra preocupación por la situación actual de desprotección en la que se encuentran numerosos niños y familias santafesinas que hoy se muestra en su máxima expresión cobrándose una vida más.
acuerdo con la visión del colegio en la necesidad desde el rol profesional trabajar en interdisciplina y no acotar el trabajo al área social solamente. Nuestra incumbencia es amplia pero es necesario otras profesiones cuyas incumbencias nos dan mayores herramientas.También es necesario reclamar por escrito cuando hay cuestiones que consideramos la política apública no responde, como una forma de resguardo profesional. Que los que trabajan en territorio como equipos soliciten a los funcionarios respuestas acordes a la realidad.
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